Tras no aprobarse el proyecto de presupuestos para el año 2019, el gobierno municipal tiene que tirar de las modificaciones presupuestarias para apagar fuegos e imprevistos, como por ejemplo la confinanciación de los planes de empleo con 1,5, las nóminas a los trabajadores procedentes de Innovar y sentencias judiciales que no contemplaba el presupuesto de 2017, prorrogado hasta la actualidad. En el Pleno de marzo hubo un buen puñado de estas modificaciones –créditos extraordinarios–, que a pesar de ser un método muy criticado por la oposición, es el único que el gobierno tiene para pagar.
Así, el Pleno aprobó con el apoyo de todos los grupos –excepto el PP, que se abstuvo– la cofinanciación municipal de 1,5 millones de euros para aportar «seguridad jurídica», aplicando el convenio colectivo municipal a las contrataciones. El gobierno, de esta forma, podrá poner en marcha los programas de empleo, que en una primera fase permitirán la contratación de 140 personas mayores de 45 años inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo y de otros cuatro desempleados menores de 30 años.
«Nos parece bien que se aplique el convenio colectivo», señaló la portavoz andalucista Lola Aquino, mientras que el popular Paco Bautista señaló el «empecinamiento del gobierno por seguir recurriendo las sentencias judiciales». En este sentido, la edil no adscrita Jésica Garrote instó a paralizar todos los recursos. La delegada de Hacienda, Rocío Bastida, concluyó que había que esperar al informe técnico. Este punto contó con un informe de intervención desaconsejando su aprobación debido a que se incumplirá la regla de gasto.
Seguidamente, el Pleno abordó otra modificación, ésta para pagar a los trabajadores procedentes de la cesión de activos y pasivos de Innovar. El portavoz del Grupo Popular, Paco Bautista, advirtió que a los trabajadores «se les está abonando anticipos y que no se está pagando a la Seguridad Social».
La proximidad a las elecciones generales se palpa en el Pleno con mociones «enlatadas» que hacen guiños a los electorados. El PP llevó una para apoyar la caza; Ciudadanos una sobre «feminismo liberal»; y Alcalá Puede e IU-AA, una para la reducción del IBI a familias numerosas.
Especialmente criticada fue la propuesta de Ciudadanos. La portavoz de IU-AA, María Fernández, explicó que el feminismo no es «liberal», porque «liberal» es «un término económico» y propuso que se incluyera «instar al gobierno a que no permita la gestación subrogada». A la portavoz de Cs, Rosa Carro, la acusó Fernández de falta de tolerancia, a lo que respondió que «partidos como el suyo (Cs) trata a la mujer como un envase para gestar». La portavoz de gobierno, Ángeles Ballesteros, le recordó a Carro que al feminismo «no se le pone apellido».
Por otra parte, se apoyó de forma conjunta el manifiesto de la Plataforma Educación Inclusiva, Sí Especial También, ante la preocupación de los familiares de personas con discapacidad por la intención de algunos partidos políticos y organizaciones sectoriales de «eliminar la educación especial».
El Pleno tomó temperatura con la propuesta del concejal no adscrito David Hidalgo, para crear una mesa en busca de soluciones para la construcción del nuevo instituto para Alcalá. Una veintena de madres y padres del alumnado afectado estuvo presente en el salón de plenos mostrando su disconformidad. La portavoz de Ciudadanos aseguró que su partido en la Junta ya está manos a la obra. Por su parte, la portavoz socialista recordó que el PSOE dejó encarrilado el trabajo antes de abandonar la Junta. Los ataques partidistas calentó al público, muy indignado con la solución de El Madroño.
Finalmente, la alcaldesa tuvo que intervenir para templar los ánimos y se ofreció a buscar soluciones «si no estáis contentos». «Esperaba que hubiera menos conflicto», concluyó.
Por último, se aprobó la redacción de un Plan Integral para Rabesa, propuesto por el PP, y, por otra parte, la creación de una oficina municipal de las personas emigradas y retornadas, a petición de IU-AA y Alcalá Puede.