El pasado martes, 12 de marzo, el grupo de trabajo de la Plataforma por la Recuperación del Centro Histórico, mantuvo una segunda reunión con el delegado de Servicios Sociales, José Antonio Montero, y el director José Antonio Marcos.

En la primera reunión mantenida el pasado 4 de febrero, la Plataforma demandó información sobre las posibles intervenciones de los técnicos de los Servicios sociales en relación a las familias protagonistas de las ocupaciones ilegales de viviendas. También se solicitó información relacionada con la tramitación del empadronamiento de estas familias, así como por la gestión para la colocación de contadores de suministros de agua y electricidad, (teniendo en cuenta que no disponen de la titularidad de las viviendas). Ante la insuficiente información disponible por parte de los Servicios Sociales con respecto a los temas abordados, los responsables allí presentes, se comprometieron a recabar más información y mantener una segunda reunión con la Plataforma.

En esta reunión informaron «se está trabajando con las familias ocupantes sin especificar ningún Programa de intervención social» señala la Plataforma. Así, explicaron que «las actuaciones con estas familias se concretan en la prestación de ayudas asistenciales y poco más». Según manifiestan, son familias normalizadas que no causan ningún perjuicio a la convivencia vecinal, que no tienen precariedad económica y que disponen de ingresos suficientes para afrontar los abonos de los gastos ocasionados en cuanto a los diferentes suministro. También se informaron a la Plataforma de la inexistencia de alternativas ocupacionales y reconocieron que hay un «efecto llamada» y expusieron la falta de medios para «frenar las incesantes ocupaciones» en Alcalá.

La Plataforma manifiesta su «indignación» ante tanta «incoherencia». En este sentido cuestionan que se permita «ocupar viviendas ilegalmente teniendo recursos económicos»; «el padronamiento sin ser titulares de las viviendas y sin presentar ningún documento»; «las ayudas asistenciales desde diferentes organismos y entidades, si según se informan, disponen de recursos económicos suficientes»; o que se «esté trabajando con las familias sin estar sujetas a ningún Programa de intervención».

La conclusión  de la Plataforma es que «existe una escasa, deficiente y nula coordinación entre los organismos y dispositivos que deberían intervenir para solucionar los problemas de ocupaciones ilegales que está sufriendo el Centro de la ciudad». Asimismo, denuncian que «no existe ninguna intención por parte del Ayuntamiento de resolver un problema claramente detectado, un problema que cada día se va agravando más y que está causando un impacto altamente negativo en la convivencia vecinal»

Así, la Plataforma se niega «tajantemente» a aceptar este problema como parte de la «cotidiana normalidad» de la ciudad. Por último, los vecinos han señalado que «se niegan a reunirse con responsables de la Administración que, lejos de aportarnos soluciones, se hacen las víctimas».

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