La Fiscalía General del Estado ha remitido a la Fiscalía Provincial de Sevilla la denuncia presentada por Izquierda Alcalareña sobre la falta de retirada o resignificación de 206 elementos contrarios a la memoria democrática identificados en Alcalá de Guadaíra.

La Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática comunicó el traslado a Rubén Ballesteros Martín, representante de la formación, mediante un oficio fechado el 20 de mayo de 2026. El documento acusa recibo del escrito presentado el 13 de abril y señala que se remite a la sección especializada de la Fiscalía Provincial de Sevilla por razón de su competencia territorial, para su conocimiento y a los efectos que considere oportunos.

La denuncia se refiere a la inactividad que Izquierda Alcalareña atribuye al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ante los 206 elementos recogidos en un inventario elaborado en septiembre de 2021. Según el escrito de la Fiscalía, esta actuación recibió una subvención de la Diputación de Sevilla.

Izquierda Alcalareña ha valorado positivamente la respuesta, aunque el oficio no se pronuncia sobre el fondo de la denuncia ni anuncia la apertura de diligencias. La formación sostiene que el cumplimiento de la normativa continúa pendiente de ejecución por parte del Ayuntamiento.

El responsable institucional de IZ-AL, Rubén Ballesteros, señaló que la vivienda, el empleo, la sanidad pública, la accesibilidad y la protección ambiental figuran entre las principales preocupaciones políticas del grupo. No obstante, la formación considera que estas prioridades son compatibles con la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y afirma que «lo que falta no es capacidad, sino voluntad política».

Por su parte, el portavoz de memoria democrática de IZ-AL, Antonio Jiménez, reclamó al responsable municipal del área que comience a ejecutar las actuaciones pendientes, especialmente el Catálogo de Elementos Contrarios a la Memoria Democrática. Según indicó, este documento debe servir como punto de partida para retirar símbolos, elementos y referencias incompatibles con la legislación vigente.