La situación de la planta de GDELS-Santa Bárbara Sistemas de Alcalá pone en alerta a sindicatos, empresarios y representantes políticos ante las consecuencias derivadas de la paralización de varios contratos vinculados al Ministerio de Defensa. La preocupación, que inicialmente se había manifestado en torno a la carga de trabajo de la factoría sevillana, se extiende también a la planta asturiana de Trubia, donde los representantes de los trabajadores preparan movilizaciones conjuntas para reclamar el desbloqueo de distintos programas pendientes de ejecución. UGT y CCOO han alertado sobre la falta de carga de trabajo y las consecuencias que esta situación podría tener para el empleo y la actividad industrial de la factoría alcalareña.
Contratos pendientes
Según publicó ABC, el Ministerio de Defensa mantiene paralizados los acuerdos marco para el mantenimiento de los carros de combate Leopard y de los obuses autopropulsados SIAC, unos contratos valorados conjuntamente en 240 millones de euros que sustentaban buena parte de la actividad de la planta de Alcalá de Guadaíra. La paralización ha obligado a revisar la planificación de trabajo de la factoría sevillana y, según la información publicada por este medio, ya ha tenido consecuencias sobre parte del personal temporal vinculado a estos programas. Asimismo, se habrían ralentizado algunas inversiones previstas en las instalaciones.
La preocupación en la planta de Alcalá se centra especialmente en los retrasos relacionados con los programas de mantenimiento de los blindados Pizarro y Leopard. En el caso de Trubia, los trabajadores muestran su malestar por el aplazamiento del contrato del Vehículo de Apoyo de Cadenas (VAC), adjudicado al consorcio Tess Defence, integrado por Indra, Santa Bárbara Sistemas, Escribano Mechanical & Engineering y Sapa. La formalización del contrato de ejecución se ha retrasado hasta septiembre cuando inicialmente estaba prevista para abril.
Los representantes sindicales también señalan demoras en el programa de puesta a punto de cañones de artillería de 155 milímetros, anunciado en el Boletín Oficial del Estado a comienzos de año.
Preocupación por el empleo
Aunque actualmente la carga de trabajo permite mantener la actividad en ambas plantas, la inquietud se centra en los próximos meses. Fuentes sindicales citadas por La Nueva España advierten de que la situación podría comenzar a tener efectos sobre el empleo eventual si no se activan los contratos pendientes. Según estas fuentes, existe carga de trabajo asegurada hasta enero, pero a partir de esa fecha podrían producirse salidas de personal temporal si no se desbloquean los programas actualmente paralizados. En Alcalá de Guadaíra, UGT ha advertido de que la falta de nuevos proyectos compromete la estabilidad de una plantilla altamente cualificada y ha reclamado medidas que garanticen el futuro industrial de la factoría. Como parte de estas gestiones, el sindicato mantendrá una reunión con la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y con el portavoz de la Comisión de Defensa, José Antonio Rodríguez Salas.
Por su parte, CCOO ha alertado de que la situación pone en riesgo la estabilidad de más de 500 familias y de numerosas empresas auxiliares, además de advertir sobre las posibles consecuencias de una pérdida progresiva de personal especializado.
Tejido empresarial
La Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá (FICA) también ha mostrado su preocupación por la situación y ha anunciado que trasladará al Ministerio de Defensa la inquietud del tejido empresarial local. La organización considera que Santa Bárbara desempeña un papel tractor para numerosas industrias auxiliares de Alcalá de Guadaíra y del área metropolitana de Sevilla. En el plano político, la presidenta del Partido Popular de Alcalá, Sandra González, reclamó hace semanas explicaciones al Gobierno central y ha pedido que se garantice el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la factoría. Según ha señalado el PP, de los contratos afectados dependen 334 empleos directos y otros 100 indirectos, además de numerosas empresas proveedoras vinculadas a la cadena de suministro.
Mientras continúan las gestiones de sindicatos, empresarios y representantes políticos, la atención se centra ahora en los próximos contactos con el Ministerio de Defensa y en la evolución de los contratos.