El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha advertido de la elevada carga de trabajo que soportan varios partidos judiciales de la provincia de Sevilla, entre ellos el de Alcalá de Guadaíra, y ha señalado la necesidad de ampliar unidades judiciales para hacer frente al aumento de asuntos pendientes.
Según recoge la memoria anual del TSJA, la provincia de Sevilla presenta una carga de trabajo que «supera los índices de referencia en la mayoría de los partidos judiciales», una situación que, según el alto tribunal andaluz, «pone de manifiesto la necesidad de ampliar unidades judiciales» en municipios como Alcalá de Guadaíra, Carmona, Coria del Río, Lebrija, Lora del Río, Morón de la Frontera, Sanlúcar la Mayor y Utrera.
El nuevo modelo de Tribunales de Instancia
La advertencia del TSJA llega después de la transformación de los antiguos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción en Tribunales de Instancia, un cambio organizativo derivado de la Ley Orgánica 1/2025 y que entró en vigor el 1 de julio del pasado año.
En el caso de Sevilla, los 42 juzgados existentes pasaron a reorganizarse en 14 Tribunales de Instancia con Sección Única civil y de instrucción.
La memoria del TSJA refleja que, pese al descenso del dos por ciento en el número de asuntos ingresados durante 2025, continúan creciendo los procedimientos pendientes en Andalucía. En concreto, los órganos judiciales con competencias civiles y de instrucción acumulan 314.618 asuntos pendientes, un cuatro por ciento más que el año anterior.
Jueces y magistrados alertan de falta de medios
La situación coincide además con las advertencias lanzadas recientemente por presidentes de Tribunales de Instancia de toda España durante unas jornadas celebradas en Granada, donde denunciaron que la implantación del nuevo modelo judicial se ha realizado «sin medios» y con una importante falta de recursos personales y materiales.
En sus conclusiones, los responsables judiciales alertaron de que muchos tribunales continúan funcionando con «sobreesfuerzo personal» y reclamaron refuerzos para evitar que la sobrecarga termine afectando a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.