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Trabajadores de planes de empleo / LVA
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El PP pide el “cese inmediato” de los responsables de los planes de empleo

El PP de Alcalá ha exigido el cese inmediato de los responsables de ejecutar los planes de empleo que “han supuesto un perjuicio a las arcas municipales de 4 millones de euros”. Asimismo, ha solicitado que se paralicen los recursos en procedimiento y se inicien los pagos sobre las sentencias ya estimadas.

La presidenta del PP de Alcalá, Sandra González, ha declarado que “presentarán una moción en el próximo pleno municipal para que el gobierno socialista acabe con este disparate y deje con su ineptitud de generar gastos a la administración local”.

Sandra González ha aseverado que “el máximo responsable de este hecho, el concejal delegado de Recursos Humanos, Antonio Gómez Menacho, debe cesar en sus funciones de inmediato, puesto que su actuación y sus errores van a costar más de 4 millones de euros a las arcas públicas. Reclamamos que se elabore un informe económico sobre las sentencias ya dictadas, que se establezca un calendario de pago de acuerdo con las disponibilidades económicas y que se inicie el pago de las sentencias ya estimadas por los Juzgados de lo Social”.

Según señalan los populares, los programas Emple@Joven y Emple@30+ iniciados en 2014 permitieron la contratación de casi 800 personas con dificultades para acceder al mercado laboral, pero según la presidenta popular, “el problema subyace en la nefasta gestión de los planes de empleo por el ejecutivo de Ana Isabel Jiménez, por no haber aplicado de forma correcta el convenio del personal laboral, que se traduce en un número ingente de demandas al ayuntamiento por parte de los beneficiados”.

Por último, la presidenta popular ha recordado que “los pronunciamientos judiciales son en la mayoría de los casos favorables a los trabajadores, obligando a un desembolso importante por parte de las arcas municipales. Pero los socialistas recurren estas sentencias al Tribunal Superior de Andalucía y también al Tribunal Supremo ocasionando gastos elevados con la indemnización de pago de los intereses, las costas judiciales y los honorarios del letrado impugnante”.

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