La primera demanda archivada constata que no ha existido ninguna irregularidad en el acceso al empleo público en el Ayuntamiento alcalareño. Tampoco ha comprobado anomalía alguna en la asignación de funciones al personal indefinido proveniente de la anterior empresa pública.
La Fiscalía ha archivado sendas denuncias del sindicato CSIF contra el Ayuntamiento por la oferta pública de empleo y la reubicación y asignación de funciones a trabajadores municipales. La primera demanda archivada guarda relación con la falta de oferta pública de empleo, bloqueada por la falta de aprobación de presupuestos, y que el sindicato atribuía a “irregularidades”, a todas luces inexistentes para la Fiscalía tras concluir su investigación y comprobar toda la documentación aportada desde el Consistorio.
La investigación constata la imposibilidad de dar cumplimiento a las ofertas de empleo público, entre otros motivos, por no poderse aprobar los diversos presupuestos en el pleno de la Corporación. No obstante, los trabajadores perjudicados han obtenido una respuesta conforme a derecho en el marco de la jurisdicción laboral, habiendo sido reasignados en la plantilla municipal. Todo ello sin perjuicio de que desde el Ayuntamiento se impulse la eficacia de la oferta de empleo público con cargo a los presupuestos, pendiente de aprobación y mediante las mesas de negociación en aras de alcanzar el acuerdo necesario para ello.
De la misma forma, ha sido archivada una segunda denuncia interpuesta tras la reubicación y asignación de funciones a un grupo de trabajadores indefinidos. El archivo de las diligencias evidencia que el Consistorio procedió conforme a Ley al asumir a los trabajadores de la antigua sociedad municipal Innovar y reubicar a algunos de ellos con el objeto de maximizar los servicios públicos municipales. El sindicato denunció que los trabajadores incorporados a la plantilla municipal no estaban realizando funciones propias de sus anteriores puestos. Tras la investigación pertinente, incluido el expediente administrativo de incorporación de los trabajadores, la Fiscalía concluye que dicha incorporación es plenamente legal, como demuestra la sentencia del Tribunal Constitucional 31-10-2017, 4710/2017 que declara inconstitucional el apartado primero de la disposición adicional 26 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.
Así mismo, considera acreditado que las funciones que desempeñan los trabajadores se asemejan al anterior cometido, habiéndose reconocido en algunos casos por sentencia de la jurisdicción social de fecha 4-9-2018 la condición de laboral del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. Así, en los hechos denunciados no concurre elemento delictivo, procediéndose por tanto a su archivo. En esta línea de gestión, el Gobierno municipal dio luz verde en diciembre pasado a la oferta pública de empleo para el refuerzo, entre otros servicios, del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Local. Se convocan un total de 41 plazas, 25 de acceso libre. También supone la creación de una bolsa de empleo que garantiza la dotación necesaria del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos.
El delegado municipal de Recursos Humanos, Antonio Gómez Menacho, ha remarcado que desde el Gobierno trabajamos por la ampliación de la plantilla municipal con procedimientos rigurosos y transparentes conforme a Ley. Al tiempo, invita al sindicato denunciante a trabajar por en la defensa de los derechos de los trabajadores y “no a alejarse de su naturaleza persiguiendo con denuncias penales y críticas a unos trabajadores y defendiendo a otros con arreglo a las simpatías o intereses de su organización. A los empleados de la administración, a todos, les amparan unos derechos por los que este equipo de Gobierno va a velar siempre en cumplimiento de la legalidad vigente y el interés general de la ciudadanía alcalareña”.