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La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, en vigor desde su aprobación en enero de este año, se ha topado con las particularidades de Alcalá. Pese a que la intención de la nueva legislación es optimizar la administración de Justicia, la realidad alcalareña se ha impuesto con la dispersión de las sedes judiciales como principal desventaja. Alcalá, junto a Sanlúcar la Mayor, es el único partido judicial de la provincia con sedes separadas en distintos edificios.
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