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Los militantes demandados en la puerta del Juzgado de El Duque/ Lva
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Los militantes socialistas demandados por la alcaldesa por «injurias» se niegan a rectificar

El entorno de Jiménez asegura que está sufriendo una campaña de «extorsión por ser testigo» del Caso ACM, en cuya instrucción se investigan a distintos militantes y cargos públicos socialistas de la etapa del anterior alcalde.La alcaldesa y secretaria general del PSOE de Alcalá, Ana Isabel Jiménez, y el gerente de Servicios Urbanos, José Manuel Rodríguez, acudieron ayer 19 de diciembre al acto de conciliación al que estaban citados con los cuatro militantes y simpatizantes socialistas a los que habían interpuesto una querella por un presunto delito de injurias.

El acto de conciliación se celebró en el Juzgado número 2 de Alcalá de Guadaíra y finalmente no alcanzaron ningún acuerdo. Según han confirmado ambas partes, la alcaldesa y el gerente de servicios urbanos ofrecieron retirar la petición de 48.000 euros a cambio de que los demandados se retractasen públicamente de las acusaciones, extremo que rechazaron y que imposibilitó el acuerdo. Fuentes cercanas a la alcaldesa han afirmado a La Voz de Alcalá que «están siendo víctimas de una extorsión política»  por haber sido «testigos» en el Caso ACM y que lo que intentan es «defender su honor».

Los militantes demandados explicaron en un comunicado que «el origen es un escrito que, en el mes de abril de este año, presentaron pidiendo responsabilidades políticas a Ana Isabel Jiménez y a José Manuel Rodríguez, tras conocerse el auto del Tribunal Supremo que decretaba el sobreseimiento libre de Antonio Gutiérrez Limones en el caso ACM». Asimismo, afirmaron que dicho caso judicial, aún en fase de instrucción, tuvo su origen en una reunión entre algunos trabajadores de ACM y personas, entonces todos del PSOE, entre los que se encontraban Ana Isabel Jiménez y José Manuel Rodríguez, entre otros, allá por el año 2011. Esa reunión fue grabada, y la oposición municipal la hizo llegar a la Fiscalía. Esta dio curso a una investigación que, aún hoy, se sigue investigando en el marco del llamado Caso ACM, también en el juzgado 2 de Alcalá. En el se encuentran como investigados distintos cargos públicos y militantes socialistas durante la etapa del anterior alcalde.

En el escrito de solicitud, la alcaldesa y el gerente solicitaban a los cuatro demandados que se retractasen de lo manifestado en el escrito, que publicasen un escrito de rectificación y que se les abonasen 48.000 euros por «el daño causado». El intento de conciliación es obligatorio para la posterior querella anunciada. Por su parte, los militantes insisten en el carácter político de su escrito, firmado en nombre de otros muchos militantes, y en el que «pedían responsabilidades políticas a responsables y cargos políticos».

Dimisión de Pilar Benítez

Esta acción judicial provocó la inmediata dimisión de Pilar Benítez.  La edil socialista y delegada de vivienda del Ayuntamiento de Alcalá, renunció después de que conociese que la alcaldesa y el gerente habían demandado en el Juzgado a militantes socialistas entre los que se encontraba «un familiar muy directo», por motivos «políticos». La ya exconcejala asegura que no se lo habían comunicado previamente, «ni siquiera para intentar mediar en tan desagradable situación».

La guerra en el seno de la agrupación continúa abierta y el siguiente en la lista uno de los demandados, David Hildalgo Gámez, que se ha mostrado abiertamente contrario a la posición de Ana Isabel  Jiménez. La dimisión se produjo en plena campaña electoral andaluza y a seis meses de las elecciones municipales.

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