El borrador de una nueva normativa está paralizado por el gobierno desde 2013. Vecinos y hosteleros reclaman la unificación de criterios en el uso del espacio público.
El buen tiempo es sinónimo de vida en la calle y, cómo no, de un mayor número de horas de ocio en el exterior de los bares. En Alcalá, al igual que en otros lugares por estas fechas, proliferan las terrazas, cuya existencia depende de un permiso municipal que concede –o no– la Gerencia de Servicios Urbanos.
En el Ayuntamiento se evalúan las solicitudes de los hosteleros que desean instalar veladores en la vía pública. Sin embargo, en el caso de Alcalá, no hay una ordenanza concreta que acompañe a ese procedimiento y regule, al detalle, la instalación de mesas y sillas conforme a los espacios utilizados; o bien, que inste a controlar mediante inspecciones periódicas el cumplimiento de una serie de medidas.
Al haber un vacío en la normativa, la arbitrariedad campa a sus anchas; lo cual ha provocado numerosas quejas de vecinos y hosteleros, que, en los últimos años, han reclamado la unificación de criterios. Por ello, no resulta extraño observar terrazas que se rigen por parámetros diferentes y que, en muchas ocasiones, despliegan más mobiliario de lo permitido en las aceras sin tener en cuenta el tránsito peatonal; obstáculos que adquieren especial gravedad si impiden el paso de personas con movilidad reducida. Algo que resulta habitual en Alcalá.
De hecho, por encima de posibles ordenanzas, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social –más conocida como «Ley de Accesibilidad Universal»– establece que los negocios deben disponer en sus terrazas de un espacio mínimo de 1,80 metros para permitir el paso de los usuarios en sillas de ruedas; aunque también se da la opción de rebajarlo en treinta centímetros, siempre que sea de forma razonada. De lo contrario, el local tendría que sacrificar mobiliario.
Dicha ley, que entró en vigor a principios de 2018, apenas se ha tenido en cuenta en Alcalá, como se puede comprobar con un simple paseo por sus calles, en las que los veladores campan a sus anchas, hasta el grado de convertirse en una «barrera arquitectónica» más. De no garantizarse la accesibilidad de las personas con movilidad reducida –no solo con espacio, sino también a través de rampas u otros elementos–, la ley contempla multas que pueden ir desde los 30 000 a los 600 000 euros.
Aparte de la accesibilidad, tal y como denuncian vecinos y hosteleros, tampoco se controlan los metros ocupados por los veladores según fachada; los materiales empleados en mesas, sillas o toldos; los horarios en que se pueden instalar o recoger los mismos; la ambientación musical –y, por ende, el ruido generado que perturba el descanso–; las alturas de parasoles o cubiertas; los sistemas de calefacción o climatización; los tipos de pizarras o carteles informativos; ni mucho menos la armonía estética, que es otro de los aspectos que suele aplicarse en las ordenanzas de otras ciudades españolas.
Pasillo minúsculo
Hacer un repaso pormenorizado de las terrazas que incumplirían una hipotética normativa supondría un trabajo que daría para varios reportajes. Sin datos «oficiales» facilitados por el Ayuntamiento –después de más de tres meses de petición por parte de este periódico–, fuentes municipales consultadas aseguran que los establecimientos alcalareños que cuentan con licencia de veladores apenas llegan a los 150. Una cantidad que se antoja ridícula si se pudiera obtener un registro exacto de locales.
Por otra parte, se tengan cifras o no, algunos casos de incumplimiento de una supuesta normativa básica saltan rápidamente a la vista. Ocurre, por ejemplo, en la Avenida Santa Lucía, donde se observan filas de veladores que se «adaptan» al ancho del acerado y, por lo general, al afán de negocio de los hosteleros, que aprovechan al máximo los espacios colindantes a sus locales en detrimento de una circulación fluida y segura de los viandantes, para los que, muchas veces, apenas queda un pasillo minúsculo.
Incluso, en esta zona se ha dado el caso de bares que han limitado el acceso a los garajes de las viviendas particulares –viviendas que cuentan con su vado correspondiente–, o bares que han invadido el espacio dedicado a los aparcamientos; caso que se repite en la calle Cuzco, en el Campo de los Beatas, como han denunciado varios vecinos a La Voz de Alcalá o en redes sociales.
Más allá de estas zonas, son significativas también las mesas, sillas y toldos que se reparten de forma caprichosa por La Plazuela o la Plaza del Duque, paradójicamente a pocos metros del Consistorio. En determinados casos, los veladores se extienden a la otra parte de la calzada, como se comprueba en la Avenida Tren de los Panaderos; algo que está prohibido y que puede generar riesgo en materia de tráfico. O si no, los cerramientos tipo «jardinera» o las tarimas de madera que aparecen en numerosas calles, como Madueño de los Aires o General Prim –por citar apenas unos casos–, donde se llega a taponar el alcantarillado o las cajas de registro.
Sin avances
En paralelo a las protestas vecinales, la situación de los veladores ha sido un asunto poco atendido en los plenos municipales. Como mínimo botón de muestra se podría citar el borrador de la ordenanza que se redactó en 2013. No obstante, ese texto quedó anclado, a pesar de que al año siguiente el Partido Popular y el Partido Andalucista realizaron aportaciones.
«A día de hoy –según apuntan desde el Grupo Andalucista, que intentó retomar el tema a través de una petición en el Ayuntamiento– no ha habido avance alguno». En un pleno se aprobó por unanimidad la Ordenanza de Armonización Estética, pero en el aire se volatilizó la normativa para veladores.
Desde el equipo de gobierno municipal, se afirma que esa ordenanza «no tardará en llegar». Sin embargo, la situación sigue siendo la misma varios años después. Como también se sigue repitiendo el déficit en las inspecciones, según se apunta desde la Policía Local. «Falta personal y falta formación específica para conocer la normativa», apostillan.
Mientras tanto, el «control» realizado en torno a los veladores corresponde a los ciudadanos y a los propios hosteleros, que, en buena medida, se encargan de denunciar a otros establecimientos que no cuentan con licencia o se saltan alguna normativa concreta. Los expedientes, así como las posibles multas, pasan por Disciplina Urbanística, ámbito que depende de la Delegación de Urbanismo. Pero, una vez más, los datos –el número y las cuantías de esas sanciones– brillan por su ausencia.
Más de 32.000 euros recaudados
Sin datos sobre posibles sanciones y sin ordenanza, desde el Ayuntamiento de Alcalá la única referencia que se aporta en torno a la regulación de veladores es la normativa de la Junta de Andalucía que rige la materia de forma muy genérica y que incluye condiciones básicas de accesibilidad, pautas de montaje o indicaciones de horarios; aunque sin atender a casos más específicos.
Por otra parte, sobre las tasas de ocupación de la vía pública con mesas y sillas, este periódico tiene constancia de que la Delegación de Hacienda ha recaudado exactamente 32 399,90 euros, según se recoge en el padrón de veladores del segundo semestre de 2018.
A falta de información, si se contrasta la cifra de esta remesa con las tarifas estipuladas en la ordenanza fiscal, se podría obtener un dato aproximado de la extensión del espacio público ocupado por los veladores en Alcalá. Al menos, el espacio que se encuentra declarado.
Así, dicha ordenanza fija una cantidad de 12,99 euros por metro cuadrado ocupado de la vía pública al semestre; mientras que se cobra 2,48 euros por metro cuadrado al día en caso de veladores para una fiesta concreta.
De tal forma, a partir de esas cifras, se calcula que casi 2500 metros cuadrados de la ciudad están ocupados por veladores. Eso sí, declarados.