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Domicilio dondo fue encontrada la familia intoxicada /LVA
Domicilio dondo fue encontrada la familia intoxicada /LVA
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El juicio de la familia de Alcalá muerta por intoxicación se retrasa por un informe pendiente

El Juzgado de lo Penal número cuatro de Sevilla ha devuelto al Juzgado mixto número dos de Alcalá de Guadaíra la causa correspondiente a la muerte en diciembre de 2013 de tres miembros de una misma familia alcalareña por una intoxicación inhalatoria con fosfina procedente de unos tapones de pesticida almacenados en su vivienda, al objeto de que dicha instancia judicial pida a la compañía aseguradora AIG Europe que emita su correspondiente escrito de defensa, un trámite que no había sido acometido pese a que el asunto estaba ya sólo pendiente de señalamiento de juicio.

Como ha adelantado Diario de Sevilla y han confirmado fuentes del caso, en el que están procesadas tres personas, tras urgir la acusación particular al Juzgado de lo Penal número cuatro a fijar una fecha para la vista oral, habría quedado de relieve que la causa estaba ya pendiente de señalamiento sin que se hubiese ofrecido a la aseguradora AIG Europe la oportunidad de formalizar su correspondiente escrito de defensa.

Dado el caso, el Juzgado de lo Penal número cuatro de Sevilla ha devuelto las actuaciones al Juzgado mixto número dos de Alcalá de Guadaíra, encargado de la instrucción de la causa, para que el mismo traslade las mismas a la citada empresa y le conceda un plazo de diez días para entregar su escrito de defensa, tras lo cual el asunto retornará al Juzgado de lo Penal al objeto de que el mismo señale la fecha de juicio.

Cabe recordar que, en su escrito de acusación la Fiscalía solicita para los tres acusados cuatro años de prisión por un delito contra el medio ambiente en concurso ideal con tres delitos de homicidio imprudente.

Asimismo, la Fiscalía pide que los procesados sean inhabilitados durante cuatro años para el ejercicio de profesión relacionada con la gestión de residuos y que, en concepto de responsabilidad civil, abonen de forma solidaria un total de 720.000 euros a la menor de edad que sobrevivió.

Fue el 14 de diciembre de 2013 cuando fallecieron el matrimonio compuesto por Enrique Caño, de 61 años, y Concepción Bautista, de 50 años, y una hija de 14 años, tras lo que el Instituto de Toxicología de Sevilla y el Instituto de Medicina Legal concluyeron que las muertes “habrían sido consecuencia de una inhalación accidental de fosfuro de aluminio”.

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