La Plataforma Andaluza Contra la Incineración de Residuos y por un Aire Limpio (Paciral) ha exigido más transparencia y participación en los procedimientos de modificación de las Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI) que la Consejería de Medio Ambiente viene concediendo al sector industrial, especialmente el cementero
Según Paciral, las Delegaciones Provinciales de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía no publican en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) las modificaciones no sustanciales, las modificaciones de oficio ni los cambios de titularidad de las AAI en vigor, lo que contraviene la pretendida “transparencia pública de Andalucía”, obligada por la Ley 1/2014, de 24 de junio.
Como señala la plataforma, las modificaciones no sustanciales, las modificaciones de oficio o el cambio de titularidad no se comunican a las entidades con intereses legítimos colectivos, como son los grupos ecologistas o asociaciones de vecinos potencialmente afectadas. Por ello, desde Paciral, se afirma que “se está incumpliendo el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPA/2015)”.
Entre la “vorágine de documentos generados por el sector cementero andaluz”, Paciral destaca que Portland Valderrivas, en Alcalá de Guadaíra, se encuentra entre las compañías que más resoluciones genera, con un total de 14 documentos, lo que “dificulta conocer la situación de dicha planta en un momento concreto”.
Esta acumulación y dispersión, según Paciral, entorpece a las entidades con intereses legítimos “estudiar los procedimientos, por lo que el dictamen ambiental no recoge el pronunciamiento público, omitiéndose así el trámite de audiencia”.
En consecuencia, Paciral entiende que es “preceptivo y oportuno la unificación en un Texto Refundido de la AAI y sus modificaciones, tal y como establece el Real Decreto 773/2017, de 28 de julio. Ese RD modifica el RD 815/2013, por el que se aprueba el Reglamento de Emisiones Industriales, en varios de sus artículos, que favorezca la lectura e interpretación de la norma en vigor por parte de los ciudadanos, entidades y magistrados, de forma que no haya que investigar recurriendo a diversos textos para saber cuál es la normativa en vigor”.
Por último, Paciral vuelve a reiterar que la Junta de Andalucía “se encuentra muy lejos de cumplir con el Convenio de Aarhus y la propia Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”.