- Los dudosos contratos de Enrique Pavón
- Pavón gastó más de medio millón en los dos Castillo Sound Festival
La portavoz de Ciudadanos y delegada de Juventud y Turismo, Rosa Carro, ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción de Dos Hermanas un escrito en el que pide que se investiguen los contratos del delegado de Cultura del Ayuntamiento, Enrique Pavón, por presuntos delitos de malversación. Carro, que forma parte del gobierno municipal de coalición hasta el final del mandato, ha denunciado a su socio de gobierno antes de abandonar la política tras el resultado de las últimas elecciones municipales que la dejan fuera de la Corporación.
Ciudadanos no se refiere a la contratación de artistas, sino a «los servicios de regiduría y coordinación de los conciertos, la limpieza de sillas, camerinos y colocación de aseos portátiles, montaje escénico, servicio de sonido, campaña en medios y servicios publicitarios», entre otros, según se refleja en el escrito.
«Todo ello siempre bordeando el límite económico legal máximo para un contrato menor de 15.000 euros más IVA y con un método de contratación de urgencia a pesar de ser un evento programado y celebrado el año anterior por primera vez», indica la denuncia presentada por Ciudadanos.
Carro ha explicado en una rueda de prensa que «la retención de créditos previa a la realización de todos estos contratos es de más de 351.000 euros, lo que puede hacer indicar que este gasto del concierto, así como su magnitud y su coste, estaban previstos con anterioridad». La portavoz naranja y teniente de alcaldesa, asegura que «todo este proceso nos hace albergar serias dudas sobre la legalidad del procedimiento» y que «pudiera verse alterado de forma consciente con el fin de evitar el largo proceso temporal del concurso previo para la adjudicación de un contrato mayor y, pudieran ser, para beneficiar a ciertas empresas que no hubieran podido concurrir a un concurso de contratación mayor».
Rosa Carro asegura que se ha detectado que «para una misma actividad musical, denominada Castillo Sound Festival 2022, se realizaron diferentes contratos menores en vez de un contrato mayor para toda la actividad».
La denuncia se presentó el 25 de mayo, en plena campaña electoral. No obstante, lo anuncian ahora, según Carro, para «no embarrar la campaña». Por el momento, la Fiscalía no ha comunicado si lo ha admitido a trámite o no. La comunicación entre PSOE y Cs, a pesar de no haber roto el pacto de gobierno, es inexistente. Carro presentó la denuncia sin avisar a su socio y sin requerir una explicación. «Se ha preguntado muchas veces sin respuesta», ha dicho.
Denuncian en la Fiscalía un contrato «inflado» por Pavón
La delegada de Juventud, Rosa Carro, también ha denunciado un contrato realizado por la Delegación de Cultura en el Auditorio Riberas del Guadaíra con la Banda Sinfónica Hispalense por valor de 17.000 euros. «Esta misma actividad se ha presupuestado para la Delegación de Juventud, de la cual soy delegada, y el precio varía en una cantidad considerable a la baja, muchísimo menos de la cantidad antes reflejada», se afirma en el escrito. Consultada por La Voz de Alcalá, Carro afirma que este misma actividad se le presupuestó en 4500 euros. «Tenemos la sospecha de que pudiera ser un contrato inflado, ya que el caché de esta banda es, en circunstancias normales, sensiblemente inferior al adjudicado», sostiene la denuncia.
No es la primera vez que grupos de la oposición denuncian en la Fiscalía posibles irregularidades en la contratación del delegado Enrique Pavón. Sin embargo, hasta ahora no ha prosperado ninguna de ellas.
«Servidumbre» en Deportes
En el mismo escrito han denunciado que en la Delegación de Deportes de Rocío Bastida «no existe una ordenanza ni un reglamento oficial aprobado en órgano colegiado alguno para adjudicar los espacios públicos a los diferentes clubes deportivos de la ciudad en un entorno de seguridad jurídica, igualdad de trato y no discriminación». Así, asegura Ciudadanos que «hay clubes deportivos que sienten esa misma discriminación y que han solicitado información al respecto no obteniendo respuesta alguna».
Explican que «la queja de uno de estos clubes deportivos ha llegado al Defensor del Pueblo Andaluz, por lo que se hizo otro requerimiento por urgencias pidiendo la información». En este sentido, manifiestan que «no se ha obtenido respuesta alguna por lo que tenemos sospechas de que la asignación de espacios a los clubes deportivos de Alcalá no se hace de forma transparente y con criterios objetivos, sino de forma arbitraria para crear así una red de servidumbre de los clubes hacia el propio gobierno y hacia el partido».