La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha informado en la Comisión para la recuperación económica y social que su departamento ya está trabajando con Salud en la definición de un nuevo sistema social y sanitario.

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha informado durante su intervención en la Comisión de estudio para la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del Covid-19 que su departamento ha movilizado 457 millones de euros para la respuesta social de la Junta de Andalucía a la crisis del coronavirus durante los últimos cuatro meses con el objetivo de atender las necesidades de la población más duramente afectada.

En concreto, Ruiz ha desglosado esta cantidad en 330 millones de euros para prestaciones y servicios de la Dependencia como son prestaciones económicas (76,46), ayuda a domicilio (117,6), atención residencial (108,6), centros de día (26,8) y el programa de respiro familiar (0,9).

Con estos pagos, la consejera ha explicado que se ha mantenido la atención adaptándola a la nueva situación, pero también se ha contribuido al mantenimiento del empleo en el sector de la dependencia. Esto ha sido posible por las medidas puestas en marcha como las impulsadas en los centros de día, donde “hemos garantizado el abono del 80% del precio de las plazas ocupadas, vinculado al compromiso de mantener el empleo y las mismas condiciones laborales, así como realizar tareas de seguimiento proactivo. Se trata de una medida orientada a proteger a las empresas y a garantizar la permanencia de la plantilla de trabajo”. En los centros residenciales, por su parte, también se tomaron medidas con el fin de paliar la pérdida de ingresos como consecuencia de las salidas voluntarias y las bajas, y se mantuvieron los pagos al sector.

Todas medidas han permitido garantizar la atención a las personas mayores, con discapacidad y dependientes, así como paliar las negativas consecuencias económicas del Covid en la Dependencia. De hecho, la Consejería ha contribuido al mantenimiento de los más de 45.000 empleos que genera el sector.

Junto a los pagos en el sector de la dependencia, se puso en marcha un primer plan de emergencia social frente al Covid-19 de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación que supuso una inversión de 76,7 millones de euros en medidas como el refuerzo de la Renta Mínima de Inserción Social, el programa extraordinario de la Tarjeta monedero para la compra de bienes de primera necesidad, la ayuda al Banco de Alimentos, el aumento del 20 por ciento para las Ayudas Económicas Familiares y el adelanto del Fondo Social Extraordinario. A lo que recientemente se ha unido la publicación de la Orden para la distribución de 33,9 millones de euros entre las entidades locales andaluzas para la financiación de los Servicios Sociales Comunitarios y la convocatoria de las subvenciones a entidades privadas y organizaciones sin ánimo de lucro por importe de 16,5 millones destinada a proyectos en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión y la Inclusión Social (ERACIS).

Además de esta atención inmediata a los colectivos más vulnerables, Rocío Ruiz ha señalado que la Consejería de Igualdad “ya está trabajando activamente con la de Salud y Familias en la definición de un nuevo sistema de atención social y sanitaria que abordará una nueva forma de atención que supondrá la creación de empleo y riqueza para nuestra Comunidad”. Para ello, recientemente, el Consejo de Gobierno aprobó la derogación del decreto que aprobaba el Reglamento de Comunicación, Autorización y Acreditación Administrativas en el ámbito de los Servicios Sociales de Andalucía y del Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales, lo que supone el inicio del procedimiento para definir el nuevo modelo de atención en los centros de servicios sociales como residencias de personas mayores o personas con discapacidad, entre otros.

Junto a ello, la Consejería de Igualdad ha constituido un grupo de trabajo con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para aprobar una nueva Orden del Servicio de Ayuda a Domicilio y trabaja en la modificación de la normativa andaluza de la Renta Mínima de Inserción Social con el objetivo de aumentar la protección a la infancia, proteger a los menores extutelados y al resto de adolescentes en situación de exclusión social, así como atender al resto de colectivos vulnerables que el Ingreso Mínimo Vital del Estado ha dejado fuera.

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