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El Gobierno ha puesto a disposición de las comunidades autónomas todos los centros clínicos de titularidad privada que realizan test de coronavirus, adjudicándose la posibilidad de adoptar desde este martes las medidas necesarias para la regulación de los precios de los test para evitar abusos. Así lo ha establecido una orden publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado.

Los centros privados deben notificar los casos detectados de coronavirus así como la compra de test rápidos diagnósticos, especificando a la autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma en la que se encuentren ubicados el tipo de material, número de unidades adquiridas y destino de uso.

Los centros de titularidad privada están obligados a notificar la aparición de nuevos contagiados tan pronto se detecte un nuevo caso con la máxima urgencia y por el medio más rápido posible, correspondiendo a las comunidades autónomas, en su ámbito competencial, establecer el procedimiento. Las comunidades autónomas tendrán a su disposición los centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de titularidad privada ubicados en su comunidad autónoma que no estén prestando servicio en el Sistema Nacional de Salud.

Los centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de titularidad privada deben estar disponibles para entrar a formar parte o reforzar los circuitos de diagnóstico ya existentes desde este mismo martes así como para notificar a la autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma los casos de coronavirus detectados.

Estas medidas estarán vigentes hasta la finalización del estado de alarma y su incumplimiento podrá ser motivo de sanción para estos centros.

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