La provincia de Sevilla ha registrado 11.927 propuestas de sanción de las Fuerzas de Seguridad y 139 detenidos desde que se decretó el estado de alarma. Algunos de los incidentes llegan a ser bastante imaginativos, como el caso de una fiesta clandestina oculta en una cuadra junto a los equinos. Fingían ir a darles de comer.

Desde que se decretara el estado de alarma y se activaran las medidas de confinamiento para frenar la pandemia del COVID-19, la Guardia Civil, la Policía Nacional, Unidad Adscrita y las policías locales de los distintos municipios de la provincia han interpuesto un total de 11.927 propuestas de sanción. Como resultado de los controles establecidos, también han sido identificadas 52.545 personas, mientras que el número de detenidos se eleva a 139.

Por otro lado, 22.188 vehículos han sido interceptados en la provincia, en la vía pública, sin autorización para circular.

El balance de los datos permite observar que el número de denuncias, tras una ligera bajada la semana del 23 al 27 de marzo, tiende nuevamente a subir, con un promedio de 800 propuestas de sanción al día.

Ante estos datos, el subdelegado el Gobierno en Sevilla ha apelado a la responsabilidad para cumplir con la normativa y a la necesidad de cumplir con las medidas de confinamiento, acatando las recomendaciones para evitar contagios.

Para evitar los incumplimientos, las Fuerzas de Seguridad reforzarán los controles, con una mayor presencia en las calles, de manera que se respeten las medidas de aislamiento social y los desplazamientos sean los esenciales e imprescindibles.

Carlos Toscano ha destacado su labor como servicios esenciales para favorecer el cumplimiento de la normativa, al tiempo que ha agradecido “su colaboración incansable con los ciudadanos, en plena sintonía y unidad”, su “ánimo conciliador”, “en una carrera de fondo para la resolución de esta crisis”. En este sentido, ha explicado que en muchas ocasiones están desarrollando una labor altruista y en algunos municipios, como en Badolatosa, se han ofrecido a realizar las compras de medicamentos a personas altamente vulnerables al virus.

Policías Locales

Del total de propuestas de sanción, 5.112 corresponden a policías locales de la provincia, que colaboran intensamente” como ha indicado el subdelegado, para que en los municipios se mantengan las medidas de prevención que establece la declaración del estado de alarma, especialmente en lo que respecta a las restricciones a la movilidad.

En cuanto al número de denuncias por cada mil habitantes, se detecta una mayor intensidad en Coria del Río (10,59), Tocina (10) o El Palmar de Troya (8,97), por lo que se han reforzado los controles y las campañas de concienciación.

El artículo 9.1 de la Ley Orgánica 4/1981 establece que por la declaración del estado de alarma “los integrantes de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales quedarán bajo las órdenes directas de la Autoridad competente en cuanto sea necesaria para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza”, por lo que las policías locales de los municipios quedan bajo las órdenes directas del ministro del Interior para garantizar esta protección.

En los municipios de la provincia, las policías locales también han identificado a 5.355 personas y ha sido detenidas 25, por desobediencia o resistencia a la autoridad. En cuanto a los vehículos interceptados en la vía pública sin autorización para circular, se elevan a  2.850.

Incidentes destacados

Las detenciones se deben principalmente a casos de desobediencia o resistencia a la autoridad, a situaciones en las que normalmente se ha advertido previamente a los ciudadanos sobre la necesidad de cumplir con las medidas de confinamiento y reiteran las salidas sin aportar motivos razonables.

En Alcalá del Río fue detenida una mujer después de recibir 18 avisos en distintos días, sin aportar motivos admisibles, y en este mismo municipio, con 22 avisos previos también fue detenido un ciudadano que explicó a los agentes que se desplazaba para comprar droga. En Tocina, se detuvo a una mujer por reiterados incumplimientos de las medidas de confinamiento, tras distintas advertencias. Hacía entrenamientos en el exterior y se desnudaba parcialmente. Los vecinos habían alertado de las salidas y en Internet circulaban vídeos.

También se han registrado episodios de insultos a la autoridad. En Lora del Río, por ejemplo, un ciudadano fue  detenido después de gritar e insultar a los agentes de la Guardia Civil que patrullaban cuando le informaban en la calle acerca de las medidas de aislamiento. El ciudadano argumentaba que quería ir a un bar y que se negaba a volver a casa.

De igual modo, las Fuerzas de Seguridad han actuado en distintos casos de malos tatos en el ámbito familiar. En Los Palacios, un ciudadano de 22 años fue detenido después de que agrediera a su madre causándole lesiones leves.

En otras ocasiones se han detectado argumentos falsos para eludir el confinamiento. Un ciudadano fue denunciado por desobediencia a la autoridad después de que los agentes constataran que no se dirigía realmente a alimentar a unos caballos en el T.M. de Montellano, sino que en el recinto donde se guardaban los equinos, distintas personas bebían cerveza y hacían una fiesta sin mantener las medidas de distancia y prevención necesarias.

En Sevilla, la Policía Local detuvo a un hombre que disimula estar en la cola de una tienda de alimentación para permanecer en la calle, sin entrar nunca dentro. Tras una advertencia previa, fue localizado nuevamente bebiendo cerveza en la calle, junto a la tienda.

Las Fuerzas de Seguridad han detectado igualmente intentos de fraude. Dos personas fueron detenidas por la Policía Local de Sevilla por hacerse pasar por facultativos a domicilio, que exigían el cobro de 150 euros por realizar el test del coronavirus

Además, se han constatado distintos casos en los que ciudadanos han salido corriendo tras advertir la presencia de las FFSS.

Desobediencia o resistencia a la autoridad

Las detenciones se deben principalmente a casos de desobediencia o resistencia a la autoridad. Están basadas fundamentalmente en el incumplimiento de los artículos 36.4, 36.5, 36.6 y 37 de la LO 4/2015:

  • 36.4 Actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito.
  • 36.5.  Acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia, provocando o incrementando un riesgo para la vida o integridad de las personas o de daños en los bienes, o agravando las consecuencias del suceso que motive la actuación de aquéllos.
  • 36.6. Desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación.
  • 37. Contempla infracciones leves, como la celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones; exhibición de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo intimidatorio; o las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal, entre otras.

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