La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia marca un punto de inflexión en la organización de la Administración de Justicia en España. Según el gobierno de España «esta norma surge como respuesta a la necesidad de actualizar y optimizar las estructuras y recursos judiciales de nuestro país, que, de manera general, fueron configurados por la Ley Orgánica del Poder Judicial hace 40 años, adaptándolos a los desafíos sociales y tecnológicos del siglo XXI».
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