Vox Alcalá ha cargado duramente contra el convenio firmado esta semana entre el Consistorio y la Junta de Andalucía para la construcción de la futura Ciudad de la Justicia, calificándolo de «burla histórica» y denunciando «23 años de mentiras y promesas incumplidas».
El portavoz municipal, Pedro Navarro, ha criticado que el acuerdo obliga al Ayuntamiento a asumir inicialmente el coste de una infraestructura que, a su juicio, es competencia exclusiva de la administración autonómica, lo que supondrá un endeudamiento cercano a los siete millones de euros.
«Casi un cuarto de siglo de retraso»
Desde VOX recuerdan que el anuncio de la Ciudad de la Justicia se remonta a 2003, por lo que consideran que han transcurrido 23 años sin que los distintos gobiernos socialistas hayan sido capaces de dotar al municipio de una sede judicial acorde a su población.
Navarro ha señalado que la firma del convenio, rubricado tras la visita del consejero de Justicia, José Antonio Nieto, no supone un hito sino «la consumación de una burla histórica» y una «puesta en escena» para intentar cerrar una etapa de retrasos acumulados.
El portavoz también ha aludido al deterioro de la antigua Comisaría del Derribo, edificio vinculado a este proyecto durante años, como ejemplo de la falta de gestión en materia judicial en la ciudad.
Críticas al modelo de financiación
El principal reproche de Vox se centra en el modelo financiero acordado entre el Ayuntamiento y la Junta. Según el grupo municipal, la obra será costeada inicialmente por el Consistorio, pese a tratarse de una competencia autonómica, y posteriormente la Junta abonará un alquiler durante un periodo de 30 años.
Navarro ha sostenido que este sistema «hipoteca el futuro de Alcalá» y genera un endeudamiento que recaerá sobre las arcas municipales, mientras que la administración autonómica asumirá el pago mediante cuotas periódicas.
Prioridades municipales en debate
El portavoz de Vox ha cuestionado también las prioridades del actual Gobierno local, formado por PSOE y AxSí, al considerar que existen otras necesidades en ámbitos como familia o vivienda que deberían atenderse antes que asumir una inversión que, en su opinión, no corresponde al Ayuntamiento.
El debate sobre la Ciudad de la Justicia vuelve así al primer plano político en Alcalá de Guadaíra, con posiciones enfrentadas sobre el modelo de financiación y la responsabilidad de cada administración en el desarrollo de esta infraestructura judicial.