El pleno aprobó en la sesión de noviembre dos puntos importantes. Las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la instalación de ascensores en edificios residenciales y los planes de lucha contra el cambio climático. Ambas cuestiones generaron el recelo de una oposición que rescató fantasmas de las empresas públicas del Alcalá y que intentó desacreditar las acciones por el clima.

El delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora, explicó que los beneficiarios de las ayudas para la instalación de ascensores en edificios residenciales serán las comunidades de propietarios y que tendrán que reunir unos requisitos como el 50% de la Junta o tener algún propietario con discapacidad o mayor de 70 años. Será la empresa Vive la que gestione la subvención y se pretende financiar entre el 60% y 80% del coste. PP y Vox votaron en contra por las formas, no por el fondo. La concejala Carmen Loscertales (Vox) recordó que su grupo ya presentó mociones en este sentido. La crítica la centró en la gestión de Vive «que criticamos desde su constitución», dijo, porque se escapa a los controles de la administración. El portavoz del PP, Esaú Pérez, también se agarró a esta idea señalando que «qué garantía tiene el ciudadano cuando detrás de su solicitud no se encuentra un funcionario público». Este argumento le hizo bumerán porque el titular de Urbanismo le recordó que es el mismo modelo de gestión que hace la empresa pública de Córdoba y de Sevilla, donde gobierna el PP.

La polémica llegó tras una afirmación de Loscertales en la que aseguró que el PSOE está colocando a dedo al personal de la empresa Vive, como el gerente. Mora pidió una rectificación que no se produjo. Antes de aprobar los planes contra el cambio climático, Loscertales también se enzarzó con la delegada de Hacienda, Ángeles Ballesteros, a cuenta de una revisión de oficio para reclamar una devolución «indebida» de una plusvalía. Se entendió que «correspondía» y luego «se detectó que estaba prescrito», explicó Ballesteros, y se reclama. En este sentido, Loscertales relató que se trata de la venta de unos inmuebles en 2015 con autoliquidaciones de 982 y 704 euros. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, los afectados piden en 2017 que se anule la liquidación porque «no hubo incremento de valor». No contesta hasta mayo de 2025 y «ahora resulta que está prescrito». Ballesteros defendió que «es una cuestión jurídica» y que «no tengo más remedio que cumplir con el ordenamiento jurídico».

Cambio climático

La Delegación de Medio Ambiente elevó al pleno el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) y el Plan Municipal contra el Cambio Climático (PMCC). La delegada Luisa Campos sostuvo que «no es sólo un gran reto social y medioambiental en el que los actores locales y regionales desempeñan un papel esencial, sino también una oportunidad para fomentar el desarrollo de una economía verde con bajas emisiones de carbono, promover la cohesión social y la equidad, y la protección del entorno». Estos planes recogen las medidas con criterios de sostenibilidad y explicó que de las 47 que se recogen, 25 están en curso. No hubo ninguna sorpresa en los posicionamientos de la oposición. El concejal no adscrito lo calificó de «fantochada» sin ahondar en detalles y el portavoz de Vox, Pedro Navarro, preguntó: «¿Quién se está forrando con el cambio climático?». El PP, más comedido en sus posiciones, se limitó a recordar a la delegada que muchas de sus propuestas encaminadas a mitigar los efectos del cambio climático aún no se han puesto en marcha, como los refugios climáticos.

Autonomía municipal

El PP llevó dos iniciativas. La primera, sobre la defensa de la autonomía municipal y la suspensión de la tasa obligatoria de basuras de la Ley 7/2022, pedía «un sistema flexible de financiación», «incentivos al reciclaje y la economía circular, en lugar de penalizaciones indiscriminadas» y «bonificaciones sociales para familias vulnerables, pensionistas o autónomos con bajos ingresos». La delegada de Hacienda defendió que «en Alcalá se ha incentivado el reciclaje y se pagará menos».

La segunda, sobre la promoción del talento y la identidad, planteó crear un Programa Anual de Becas para Tesis Doctorales sobre Alcalá de Guadaíra, con financiación de «gastos de investigación, trabajo de campo». El delegado de Cultura y Patrimonio, Christopher Rivas, y el de Educación, Pablo Chain, afirmaron que «se alinea con las líneas de trabajo» y aceptaron la propuesta.

Arquitectura y chabolismo

Vox presentó una propuesta para impulsar políticas de rehabilitación y usos sostenibles que preserven la arquitectura y el urbanismo tradicionales. El texto planteaba ayudas directas y exenciones fiscales (IBI, ICIO) para la rehabilitación de inmuebles con valor histórico y la sustitución del mobiliario urbano por elementos acordes a la tipología tradicional andaluza. En el debate, Esaú Pérez subrayó que «somos administradores temporales de lo que nos han dejado», y Christopher Rivas indicó que «en el CIS se ha rectificado el proyecto en este sentido». En otra moción, Vox defendió también una iniciativa para eliminar las infraviviendas y el chabolismo de las inmediaciones de Hacienda La Boticaria. El delegado de Gobernación, Pedro Gracia, precisó que el asentamiento está en una finca privada, con expediente de la Policía Local, notificación a la propiedad y a Servicios Sociales, y petición a la Junta de Andalucía; «lo debe resolver un juez».

Sorprendentemente, Roldán permaneció callado durante todo el pleno hasta defender su moción. Alcalá Nos Importa propuso un plan municipal integral contra el acoso escolar, el ciberacoso. Chain respondió que ya se coordinan proyectos desde Educación y el gobierno se abstuvo al considerar que «ya está ejecutando políticas». Roldán se enfadó y abandonó el pleno, retirando su segunda propuesta. El final del pleno quedó marcado por la espantada y la intervención, «casi sin ganas», del concejal no adscrito, Araújo, que defendió una moción de austeridad y responsabilidad institucional. Propuso reducir las retribuciones de concejales, asesores y cargos de confianza, destinando el ahorro a un Fondo Municipal de Emergencia Social; invitó además al equipo de la alcaldesa y a los funcionarios de libre designación a adherirse voluntariamente. PP y Vox no entendieron la moción y la delegada de Hacienda, Ángeles Ballesteros, replicó que «dignificar la política es retribuirla. O estarían los que estaban hace 50 años».

En este pleno no se habló de los contratos de la pareja de la alcaldesa ni del accidente mortal en la Casa Ibarra. El populismo ha bajado las revoluciones, aunque no da síntomas de haber gripado, sino más bien de guardar fuerzas para la recta final.