El Pleno rechazó la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación de Modus Solar Andalusia. Se trata de una planta fotovoltaica en la zona norte, junto al término de Mairena y fuera del perímetro de protección. Todos los grupos, incluido AxSí, votaron en contra, salvo el PSOE. Los andalucistas defendieron que «sí a las renovables, pero no así» frente a sus socios de gobierno, los socialistas, que apostaron por la «autonomía estratégica» que aportaría la instalación. Esta división sorprendió incluso a los grupos de la oposición.

Desde la oposición y parte del gobierno se sostuvo que Alcalá sufre una «saturación fotovoltaica» y que el proyecto «omite» ese contexto. El delegado de Urbanismo, Jesús Mora, argumentó que «no hay afección arqueológica» y que «la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir informa que no hay afección a acuíferos». Desde el punto de vista económico, Mora sostuvo que tiene impacto en las cuentas públicas, con una recaudación del IBI de 2,5 millones en el presupuesto de 2025.

El portavoz de AxSí y teniente de alcaldesa en el gobierno de coalición con los socialistas, Christopher Rivas, afirmó que «lo responsable es no seguir ocupando territorio» y apuntó que se han desestimado alegaciones sin entrar en el fondo de la cuestión y que se ha omitido la saturación de fotovoltaicas en Alcalá. A sabiendas de que votaba en contra de un expediente elevado al Pleno por una delegación de su propio gobierno, advirtió que «votaba en conciencia» por lo que su partido viene defendiendo.

«Está colapsada. El paisaje es desolador. Estamos perdiendo suelo fértil», resumió Pedro Navarro en su estreno como portavoz de Vox. Desde el PP, el concejal Nacho Martín cuestionó el retorno social de las plantas porque, con «un millón y medio de placas de silicio, creemos que no es la forma. Ventajas para la empresa, empleo cero y el paisaje te lo cargas». El portavoz del PP, Esaú Pérez, añadió que «no se trata de estar en contra de la energía sostenible, sino de su ubicación». Los socialistas se quedaron solos defendiendo el voto a favor de este expediente urbanístico.

Ordenanzas fiscales

Los socios de gobierno sí votaron en sintonía a favor de las Ordenanzas Fiscales. La delegada de Hacienda, Ángeles Ballesteros, explicó «dos cambios sustanciales». «Nos ajustamos a la Ley de Residuos, acercándonos al pago por generación. No imponemos una nueva tasa; bonificamos progresivamente durante los tres próximos años a las familias que se impliquen con el reciclaje», dijo. Por otro lado, se bonifica con un 95 % el impuesto de construcciones para la promoción de VPO.

La concejal de Vox, Carmen Loscertales, sostuvo que «vamos a pagar basura por un sistema absurdo. Se evalúa la cantidad y se tiene en cuenta el uso del agua». Desde el PP, Sandra González reprochó que «no hay una estrategia fiscal coherente, sino una sucesión de medidas inconexas y contradictorias». El concejal no adscrito, Manuel Araújo, y el portavoz de Alcalá Nos Importa, José Luis Roldán, acusaron al gobierno local de «política propagandística» en materia fiscal. En su réplica, Ballesteros defendió las medidas y respondió a las críticas. Afirmó que «parece que votarían a favor por la subida de impuestos» y sostuvo que «les molesta que existan bonificaciones».

Superávit y deuda

También se aprobó destinar 4,8 millones del superávit a la reducción de deuda. El expediente, tramitado por la Oficina de Presupuestos, aplica el remanente de tesorería de la liquidación de 2024 para reducir el nivel de endeudamiento neto del Ayuntamiento. Loscertales cuestionó la política económica del gobierno local y afirmó que «presumen de superávit, pero eso significa que o están recaudando más de lo que deben o no están gastando lo que deberían». En su opinión, se trata de «una muestra de falta de capacidad de gestión».

El portavoz popular, Esaú Pérez, consideró que «si el ahorro no es significativo, podría haberse destinado a otras inversiones». Añadió que el suplemento «no es una propuesta política ni una estrategia de gestión, sino un trámite de obligado cumplimiento».

La delegada de Hacienda defendió la medida y el balance económico del mandato. Explicó que «el Ayuntamiento tiene solvencia para afrontar los préstamos» y que esa situación «ha permitido recibir 12 millones de euros en fondos europeos porque teníamos actuaciones adelantadas».

El Pleno aprobó la modificación de los límites de gasto plurianual para el Centro Deportivo Los Cercadillos, que prevé una pista de 400 metros y graderío. También se dio luz verde a un suplemento de crédito para abonar la productividad y gratificaciones a los funcionarios.

Un Plan Renove de calefacción

En el turno de propuestas políticas, el PP presentó una moción para crear un Servicio de Atención Especializado a las personas con discapacidad, con sede en el Centro de la Igualdad y participación de entidades del sector. Su portavoz, Esaú Pérez, defendió que «se trata de hacer política con mayúsculas». La delegada de Servicios Sociales, Rocío Bastida, respondió que «ya existe una atención transversal» y mencionó la «Mesa de las Capacidades» como espacio de coordinación, comprometiéndose a reforzar su trabajo. Pérez replicó que «no se censura lo que se hace, pero es insuficiente».

El grupo popular propuso además un Plan Renove de calefacción para familias vulnerables, con ayudas para sustituir sistemas obsoletos por equipos seguros y eficientes. Bastida explicó que ya existen dos líneas de ayuda en vigor y planteó ampliarlas, pero el PP rechazó modificar el texto original. La moción quedó aprobada con la abstención del gobierno local.

Registro de proveedores

Vox presentó una propuesta para crear un registro municipal de proveedores que centralice las invitaciones y ofertas de contratos menores. Carmen Loscertales defendió la iniciativa como «una forma de abrir oportunidades a las empresas locales». El PP respaldó la propuesta y el gobierno mostró su apoyo.

Alcalá Nos Importa pidió reforzar los mecanismos de transparencia en la contratación y planteó la reprobación de la alcaldesa por su tono en los plenos. José Luis Roldán reclamó «recuperar el respeto institucional», mientras la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, pidió disculpas «si mis maneras han podido molestar».

Por último, el concejal no adscrito, Manuel Araújo, solicitó celebrar un debate sobre el estado del municipio con participación vecinal. En su intervención, cuestionó la firma de documentos por parte de una funcionaria en situación de baja y pidió «aclarar una irregularidad grave». El Pleno de octubre dejó una imagen poco habitual, con un gobierno dividido por las fotovoltaicas y unido en materia fiscal.