Izquierda Alcalareña ha expresado su rechazo a la nueva tasa de recogida de basura que el equipo de gobierno de Alcalá prevé aprobar en el pleno del 21 de octubre, en cumplimiento de la Ley 7/2022 sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular. La formación considera que el procedimiento seguido es «un despropósito» y critica que el Ayuntamiento haya esperado hasta el último momento para adaptar la ordenanza fiscal.
El portavoz de Izquierda Alcalareña, Rubén Ballesteros, señaló que durante los tres años desde la entrada en vigor de la ley «no se ha realizado una auditoría que permita conocer qué hogares gestionan correctamente sus residuos ni cómo implantar la tasa de forma justa». Según explicó, el sistema propuesto —basado en el consumo de agua y los vertidos a la red pública— podría generar discriminaciones entre viviendas y comercios y derivar en una subida encubierta del recibo, si el coste del agua aumenta.
La organización sostiene que esta fórmula no respeta el principio de «quien contamina paga», ya que no mide el volumen real de residuos generados por cada contribuyente. Además, advierte de que el Ayuntamiento ya destina 1,2 millones de euros a la gestión de residuos, por lo que la nueva tasa podría implicar que la ciudadanía «acabe pagando dos veces». También alertan de que las bonificaciones previstas podrían resultar de difícil acceso para personas mayores o en situación de vulnerabilidad, y piden que se apliquen sobre la recaudación total, sin trasladar el coste al resto de usuarios.
Izquierda Alcalareña reclama que la implantación del nuevo sistema tenga en cuenta la equidad social y la sostenibilidad financiera de la empresa pública AIRA, protegiendo especialmente a los colectivos más desfavorecidos y al pequeño comercio local. «Debe facilitarse que las personas con menos recursos o menor acceso a la información puedan acogerse a los programas de reducciones y bonificaciones», concluyen desde la formación.