Los movimientos de pensionistas de Andalucía, entre ellos la Plataforma Alcalareña en Defensa del Sistema Público de Pensiones, se han sumado a la marcha estatal de movilizaciones convocada para el próximo 25 de octubre en Madrid bajo el lema «Por la dignidad de las pensiones públicas. Pensión mínima igual al SMI, ¡ya!». La marcha partirá a las 12:00 horas desde Atocha hasta la Puerta del Sol y contará con la participación de colectivos de todo el país coordinados en la Unidad de Acción Estatal.

Desde Andalucía, los movimientos COANPE (Coordinadora Andaluza por la Defensa del Sistema Público de Pensiones) y MADPP (Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas) reclaman que se cumpla la Ley 21/2021, que establece la obligación de realizar una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social para analizar los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva entre 1967 y 2019. Según denuncian, esta revisión no se ha llevado a cabo pese a ser de obligado cumplimiento.

Los colectivos consideran que esta auditoría es necesaria para esclarecer los fondos desviados de la caja de la Seguridad Social hacia otros fines, en lo que denominan “gastos impropios”. Citan informes del Tribunal de Cuentas y estudios económicos que estiman este desvío en más de 103.000 millones de euros, que deberían haberse destinado a pensiones. Entre sus demandas también figuran la revalorización de las pensiones conforme al IPC real, la reducción de la brecha de género, la eliminación de penalizaciones por jubilación anticipada con 40 años cotizados y el freno a la privatización de las pensiones a través de planes complementarios.

Las organizaciones convocantes insisten en que la defensa del sistema público de pensiones “no tiene color político” y que continuarán movilizándose para garantizar su sostenibilidad y suficiencia. Bajo el lema «Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden», la Plataforma Alcalareña y el resto de colectivos animan a participar en la manifestación de Madrid, en la que volverán a reclamar una auditoría pública, pensiones dignas y el fortalecimiento del sistema de reparto.