Los vecinos de las barriadas sevillanas de Hacienda Rosario y Hacienda San Antonio han presentado una denuncia ante el Seprona de la Guardia Civil por la continua quema de cables, neumáticos y otros residuos tóxicos en la zona comprendida entre El Palmete y Torreblanca, a las afueras de Sevilla. Según el escrito, estas prácticas, realizadas a cielo abierto y sin control, generan nubes de humo y un fuerte olor que afecta de forma directa a la población residente, especialmente durante la madrugada.
La denuncia, registrada el pasado 30 de septiembre, señala que los hechos se producen en un amplio espacio entre la planta depuradora de aguas residuales La Ranilla, el río Guadaíra, la SE-30 y la carretera A-8028, que enlaza con la A-92. En este entorno se ubican distintos polígonos industriales, como El Sombrerón o Alucergas, así como asentamientos chabolistas en la frontera entre Sevilla y Alcalá de Guadaíra.
El escrito presentado ante el Seprona recuerda que este problema no es nuevo. En 2018, Alwadi-ira Ecologistas en Acción ya denunció formalmente las mismas quemas ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla, que archivó las actuaciones. También, el grupo presentó quejas en años posteriores, aunque sin resultados efectivos.
Se prolongan desde hace años
Los denunciantes advierten de que esta situación, que se prolonga desde hace años, está provocando molestias respiratorias y oculares entre los vecinos, además de representar un grave riesgo para la salud pública. Entre las zonas afectadas, recuerdan, existen viviendas, colegios, centros de educación infantil, instalaciones deportivas e incluso un centro de atención al autismo.
Los vecinos acusan a la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos de Sevilla y Alcalá de Guadaíra de «dejación de funciones» por no actuar ante un problema que, según sostienen, se repite desde hace años sin control. En su denuncia piden la apertura de una investigación, la inspección del lugar y la imposición de sanciones o incluso la apertura de un procedimiento judicial por delito medioambiental.
Asimismo, solicitan la adopción de medidas preventivas y correctoras que impidan nuevas quemas, así como el traslado de la denuncia a las autoridades competentes, entre ellas la Fiscalía de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.