La sociedad ecologista Alwadi-ira, en representación de la Plataforma contra la Incineración de Residuos en Los Alcores, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con sede en Sevilla contra la autorización de la Junta de Andalucía que permite la incineración de residuos en la cementera Portland. La demanda se ha sustanciado con fecha 26 de septiembre de 2025.
El recurso se opone a la resolución de 26 de enero de 2024, emitida por la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Dicha resolución otorga la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) a Cementos Portland Valderribas, S.A. para su fábrica en Alcalá de Guadaíra. El proyecto en cuestión se refiere a la «valorización de residuos no peligrosos» para su uso como combustibles alternativos en el horno de clínker.
La presente demanda no es un hecho aislado, sino el último capítulo de un prolongado conflicto legal. La base del recurso actual se remonta a una sentencia del TSJA de 10 de octubre de 2017, que ya dio la razón a Alwadi-ira en un recurso anterior contra una resolución de 2015 referente al mismo proyecto.
Como consecuencia de esa sentencia, la administración ambiental se vio obligada a reabrir los trámites de información pública. La demanda presentada ahora detalla «ilegalidades» en el procedimiento, incumplimientos técnicos y potenciales riesgos para la salud pública y el medio ambiente derivados de las emisiones de este tipo de procesos, así como la insuficiencia de las evaluaciones de impacto realizadas.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA deberá ahora analizar si la resolución de la Consejería de enero de 2024 se ajusta a la legalidad vigente, o si, por el contrario, adolece de vicios que la anulen, como ocurrió en el procedimiento en 2017. Alwadi-ira, en representación de la Plataforma, confía en que la justicia vuelva a dar la razón a sus argumentos y se revoque una autorización que considera lesiva para el medio ambiente y la salud de la población de la zona.