El concejal no adscrito Manuel Araújo presentó un escrito en la Fiscalía de Área de Dos Hermanas el pasado 9 de septiembre y, al día siguiente, ante la Oficina Andaluza Antifraude, en el que exponía supuestas «contrataciones municipales irregulares llevadas a cabo por el Ayuntamiento» con la empresa en la que trabaja la pareja de la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez. Esta persona fue administrador de la sociedad y actualmente figura como apoderado. Araújo ya anunció estas acciones en el pleno del 16 de septiembre, durante el debate de una moción.
En el escrito, Araújo expuso que «desde hace aproximadamente 18 meses se ha producido un notable incremento en la adjudicación de contratos, tanto menores como uno de mayor cuantía, a favor de la mercantil Imangener», vinculada a la pareja de la alcaldesa. El denunciante señaló que «en determinadas ocasiones las adjudicaciones se formalizaban bajo la denominación social de Imangener, mientras que en otras se hacía figurar a la sociedad como Instalaciones Mantenimiento Gestiones Energéticas». Según la denuncia, «podría responder al intento de evitar que apareciera siempre el mismo nombre de la empresa como beneficiaria y, de esta forma, dificultar la detección de la reiteración contractual». Araújo afirmó en el pleno municipal que la denuncia presentada ante la Fiscalía y la Oficina Andaluza Anticorrupción abarca unos 60 contratos, entre ellos la obra de adecuación de sistemas de preparación de agua caliente sanitaria en la Piscina Municipal Los Alcores en noviembre de 2024.
Según publicó ABC de Sevilla el 29 de septiembre, la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación. No obstante, el Ministerio Público, consultado por La Voz de Alcalá, no había confirmado este extremo. Otras fuentes señalaron que «se está trabajando» sin concretar el estatus de la investigación. La alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, preguntada en rueda de prensa, aseguró que la Fiscalía no ha notificado al Ayuntamiento ninguna diligencia ni ha solicitado, por el momento, documentación relativa a los contratos. Asimismo, precisó que tampoco se ha trasladado información al Coordinador General del Ayuntamiento, pese a que este se interesó por el asunto en la propia Fiscalía.
Aunque la denuncia se interpuso en septiembre, Araújo ya había avanzado en el pleno de julio que seguía la pista de los contratos ahora puestos a disposición del Ministerio Público. Entonces, Ana Isabel Jiménez respondió que, al iniciar su relación, solicitó un «informe de Secretaría sobre los procedimientos de contratación entre este Ayuntamiento y la entidad, así como sobre el régimen de incompatibilidad de la alcaldesa en los órganos de contratación» respecto a la empresa Imangener. El 10 de julio de este año se le remitió el informe, firmado por el secretario y el vicesecretario, en el que se comunicaba que «no concurría ninguna circunstancia merecedora de tramitar un expediente de declaración de prohibición de contratar respecto a los contratos» de esta empresa enumerados en el documento.
El servicio de Secretaría explicó que «hasta la inclusión del municipio de Alcalá de Guadaíra en el régimen de organización de municipios de Gran Población, en virtud de las delegaciones otorgadas, se constata la ausencia de participación de la Alcaldía en los contratos» y que, posteriormente, «desde la inclusión del municipio en el régimen de organización de Gran Población, la Alcaldía no tiene propiamente competencias en materia de contratación, sin perjuicio de presidir el órgano titular de las mismas». No obstante, el informe indica que «desde el momento de su delegación en los concejales-delegados, se pierde la referencia necesaria para atribuirle una prohibición de contratar».
Jiménez defendió en rueda de prensa que, por las características de su relación, en la que no concurre la convivencia de la pareja, «ni siquiera tendría que abstenerme, porque la ley habla de una relación formal donde exista la convivencia», pero «por responsabilidad, en los contratos que pasan por Junta de Gobierno me abstengo».