Las organizaciones Ecologistas en Acción Sevilla y Alwadi-ira han presentado una denuncia ante la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) por la presunta construcción de varios pozos ilegales en las fincas Las Beatas y Dehesa Martín, ambas situadas en el término municipal de Alcalá de Guadaíra.
Según han detallado las entidades denunciantes, los pozos se localizan a ambos lados de la carretera A-8026, que conecta Mairena del Alcor con el barrio sevillano de Torreblanca. La finca Las Beatas figura en el IDE/Geoportal de la CHG como beneficiaria de un derecho de riego desde 1988, con un volumen autorizado de 255.793 metros cúbicos al año para una superficie de 167 hectáreas. Actualmente, aparecen registrados oficialmente cuatro pozos en la finca.
Sin embargo, los ecologistas aseguran haber tenido conocimiento de la perforación de nuevos pozos tanto en Las Beatas como en la colindante Dehesa Martín. En este último caso, denuncian que las captaciones habrían sido ya ejecutadas y posteriormente tapadas con tierra, supuestamente para evitar su detección por parte de la Administración. Además, sostienen que uno de estos pozos estaría conectado con la finca Las Beatas a través de una canalización subterránea que cruza la carretera.
Las organizaciones afirman que ninguna de estas nuevas captaciones figura en los registros oficiales ni cuenta con resolución favorable por parte del Organismo de Cuenca, lo que las convertiría en ilegales. Por ello, han solicitado a la Comisaría de Aguas que investigue los hechos, verifique la existencia de los pozos y, en caso de carecer de autorización, se apliquen medidas cautelares como el precinto de las infraestructuras.
Aunque la Cuenca del Guadalquivir ya no se encuentra oficialmente en situación de emergencia por sequía, los colectivos recuerdan su alta vulnerabilidad ante el cambio climático, con previsiones que apuntan a un descenso sostenido de precipitaciones y un aumento de las temperaturas y la evaporación. «Estas prácticas no sólo incumplen la normativa, sino que comprometen el equilibrio hídrico de una zona especialmente frágil», advierten.
Los ecologistas reclaman más vigilancia sobre este tipo de prácticas y denuncian que la proliferación de pozos ilegales erosiona la gestión pública del agua y pone en riesgo la sostenibilidad del territorio.