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La difícil vuelta a las clases con el COVID-19 presente

Los equipos directivos de los centros educativos de Alcalá han mostrado su «honda preocupación» por las condiciones en las que se trendrá que volver a las clases en septiembre. De hecho, han suscrito un documento donde afirman no poder garantizar la seguridad de los colegios e institutos, todo ello después de conocer las instrucciones del 6 de julio de 2020, de la Consejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivadas por la crisis sanitaria del COVID-19.Las medidas planteadas por Educación necesitan de medios materiales, técnicos y humanos para llevarlas a cabo. Se pide distancia social de seguridad, higiene respiratoria y de manos, ventilación, evitación de aglomeraciones, aislamiento de casos sospechosos, limpieza y desinfección continuas de las instalaciones del centro, entre otras. Sin embargo, estas pautas no se podrán cumplir.

La precarización y la falta de atención que ha sufrido la enseñanza en Alcalá en los últimos años por parte de las administraciones está teniendo ahora sus consecuencias. Se evidencia con el hacinamiento de alumnos en los centros educativos de Secundaria por la falta de un instituto que permita, en condiciones normales, cumplir con la ratio de alumnos por clase. Ahora, en plena pandemia, cuando las distancias entre los alumnos tienen que ser mayores para evitar los posibles contagios, los centros educativos, especialmente los de Secundaria, se encuentran con que no pueden hacer frente a esta medida. A menos de un mes y medio para comenzar el curso no hay alternativa, a pesar de que se lleva reclamando años la construcción del nuevo IES, que en estos momentos aliviaría la presión del resto de centros.

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Lógicamente, la comunidad educativa va a asumir un riesgo evidente de contagio dada la imposibilidad de cumplimiento de las medidas. Se evidencia la falta de atención a la educación y también que quienes deciden y adoptan las medidas desconocen la realidad de la educación andaluza y, por extensión, la alcalareña. A partir de septiembre, será el profesorado y el personal de limpieza, administración y mantenimiento de los centros quienes velen por la seguridad de la comunidad. También el alumnado tendrá que compartir la responsabilidad de hacer de la Educación una actividad más segura. La realidad habrá que afrontarla con la mayor de las garantías, aunque estas sean mínimas. No obstante, los gestores públicos deberían asumir la lección y priorizar todas aquellas políticas que vengan a resolver los problemas que ahora están quedando patentes. Alcalá necesitaba un nuevo instituto antes y durante de la pandemia. Y, por supuesto, lo seguirá necesitando tras ella, por lo que los previsibles recortes para pagar la factura que está dejando el COVID-19 no deberían acabar pagándose con las infraestructuras previstas para la ciudad.

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