El Ayuntamiento está obligado a presentar un Plan Económico Financiero 2018-2019, tras haber incumplido la regla de gasto. El gobierno municipal presentó a los grupos políticos el documento que será elevado al Pleno ordinario del 21 de junio. Además, este Plan será remitido al Consejo Económico y Social para que emita el informe preceptivo.
El Plan se elabora obligado por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ya que en 2017 el Ayuntamiento superó en 931 249 euros la regla de gasto. El gobierno ha explicado que «esto es debido a que la ejecución presupuestaria fue muy superior en 2017 respecto a 2016». Ese año se había marcado un límite más bajo de la regla de gasto, debido a la no aprobación a final de ese ejercicio de determinadas modificaciones presupuestarias.
El gobierno sostiene que «este plan no incorpora medidas de ajuste o recortes que afecten a los servicios públicos» y que en términos globales se aumenta el gasto, «aunque a un ritmo menor de la proyección prevista».
Sin embargo, la oposición ha criticado que «la mala gestión» ha provocado que ahora tengan que aprobar el Plan –«fuera de plazo y tras un aviso de la Consejería de Hacienda»– para que el Ayuntamiento no sea intervenido. En este sentido, han alertado de que esta medida afecta de lleno a los Presupuestos y la Oferta Pública de Empleo –OPE–.
Ingresos y gastos
Según los datos explicados por el gobierno, el plan no incluye subida de impuestos ni de tasas, aunque sí se crea una nueva por instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos para las grandes compañías suministradoras. Asimismo, contempla los nuevos precios públicos del alquiler de las instalaciones del Auditorio y los precios privados de alquiler de naves de la antigua sociedad Innovar.
En cuanto a los gastos, el Plan recoge los incrementos retributivos previstos para toda la plantilla municipal, de acuerdo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018. Además, incluye la tasa de reposición del 100%, aunque no se dotan económicamente las plazas vacantes cuya cobertura no se va a producir en estos dos ejercicios. Así, los gastos de personal moderan su crecimiento, pasan de 21,25 millones euros de gasto computable en 2017 a 21,67 millones en 2018 y 22,16 millones en 2019. También lo hace con el crecimiento del gasto corriente y reduce las transferencias por la extinción de la sociedad Innovar, que no recibirá déficits de explotación.
El Ayuntamiento tendrá que afrontar la cofinanciación de proyectos como el Edusi, pasando el gasto en inversiones de 1,41 millones euros en 2017 a 1,44 en 2018, y, especialmente, en 2019 que aumenta hasta los 2,7 millones euros. El Plan estima la reducción de la deuda hasta los 28 millones de euros al cierre de 2019.
«Mala gestión»
Todos los grupos de la oposición han coincido en apuntar a «la mala gestión» como desencadenante de esta situación. Alcalá Puede ha asegurado que esta medida «se veía venir», porque «la mala gestión del Ayuntamiento con numerosos créditos extrajudiciales, sentencias a pagar y el gasto de asumir los servicios de Innovar, han llevado a esta situación». En el mismo sentido se ha expresado Ciudadanos, que ha criticado que «el PSOE no ha sabido gestionar y como consecuencia no se puede aliviar la presión fiscal a los ciudadanos», y ha explicado que «el principal motivo del incumplimiento es tener unos presupuestos prorrogados de 2014 a 2017».
Por su parte, los andalucistas han asegurado que «el gobierno no ha aterrizado en las medidas concretas que va a suponer la aplicación del Plan» y «no lo vamos a apoyar a ciegas» porque afecta directamente al Presupuesto y a la Oferta Pública de Empleo. El Grupo Andalucista ha exigido que «especifique las medidas».
Este este sentido también se ha manifestado IU-AA, que ha insistido en que este Plan «condiciona de forma muy directa la OPE y los Presupuestos», y ha resaltado que «ambos son problemas que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y que se verían lastrados con el Plan Económico Financiero». Asimismo, ha lamentado que «no hay información clara de la OPE ni del futuro proyecto de Presupuestos».
Los populares también han criticado que «el gobierno sólo proponga contener el gasto en el capítulo de personal y no en el de gasto de bienes corrientes y servicios», que, a juicio del Grupo Popular, «es donde se producen los sobrecostes» y «queremos que se tomen medidas serias». Todos han advertido que esta hoja de ruta, tal y como está planteada, es muy difícil apoyarla y han reconocido que el gobierno no está abierto a modificaciones.