La asociación ecologista Alwadi-ira – Ecologistas en Acción ha presentado un escrito formal ante la Delegación Territorial de Industria, Energía y Minas en Sevilla en el que denuncia un posible incumplimiento continuado de la normativa ambiental en la explotación minera “Las Majadillas”, ubicada en el término municipal de Alcalá de Guadaíra.
Según expone el colectivo, la actividad extractiva acumularía décadas de irregularidades sin que, a su juicio, se haya producido un control efectivo por parte de la administración. Entre las principales cuestiones señaladas destacan la posible superación de los límites autorizados —con excavaciones por debajo de la cota legal—, el incumplimiento reiterado de las obligaciones de restauración ambiental en más de 80 hectáreas y la afección al acuífero, ya sancionada en 2009 por la administración hidráulica. Asimismo, apuntan a una posible relación entre la actividad minera y la disminución de caudales en manantiales cercanos como El Fontanal y Marchenilla.
El colectivo considera especialmente preocupante que, pese a estos antecedentes, la explotación haya obtenido sucesivas prórrogas administrativas, la última vigente hasta 2028, sin que se haya exigido el cumplimiento de las condiciones ambientales establecidas. Ante esta situación, Alwadi-ira ha solicitado la paralización inmediata y cautelar de la actividad, así como la realización de una inspección administrativa integral que verifique el estado real de la explotación.
Además, la entidad reclama la intervención de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para evaluar posibles daños al dominio público hidráulico, así como información detallada sobre las garantías económicas, inspecciones realizadas y grado de cumplimiento de las obligaciones ambientales. También plantea la apertura de un expediente sancionador en caso de confirmarse las infracciones detectadas.
Desde la asociación no descartan emprender acciones judiciales, incluida su personación ante la Fiscalía de Medio Ambiente, ante lo que consideran una posible inacción prolongada por parte de la administración. El colectivo insiste en la necesidad de actuar con urgencia para evitar daños irreversibles en el entorno natural y garantizar el respeto a la normativa vigente.