La Fiscalía ha archivado la denuncia que presentó el pasado mes de septiembre el concejal no adscrito Manuel Araújo en la que se denunciaba unos 60 contratos del Ayuntamiento con la empresa en la que trabaja y de la que era administrador único la empresa de la pareja de la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez. El Ministerio Público entiende que las adjudicaciones se ajustaron al «procedimiento legal» y rechaza que haya delitos de prevaricación, malversación o tráfico de influencias, según ha adelantado hoy Diario de Sevilla.
Araújo expuso que «desde hace aproximadamente 18 meses se ha producido un notable incremento en la adjudicación de contratos, tanto menores como uno de mayor cuantía, a favor de la mercantil Imangener», vinculada a la pareja de la alcaldesa. El denunciante señaló que «en determinadas ocasiones las adjudicaciones se formalizaban bajo la denominación social de Imangener, mientras que en otras se hacía figurar a la sociedad como Instalaciones Mantenimiento Gestiones Energéticas».Según la denuncia, «podría responder al intento de evitar que apareciera siempre el mismo nombre de la empresa como beneficiaria y, de esta forma, dificultar la detección de la reiteración contractual». Araújo afirmó en el pleno municipal que la denuncia presentada ante la Fiscalía y la Oficina Andaluza Anticorrupción abarca unos 60 contratos, entre ellos la obra de adecuación de sistemas de preparación de agua caliente sanitaria en la Piscina Municipal Los Alcores en noviembre de 2024.
La Fiscalía solicitó al Ayuntamiento los contratos adjudicados entre 2022 y 2025 y la adecuación a la legalidad administrativa de las adjudicaciones del Ayuntamiento con estas empresas, según recoge el escrito de archivo del Ministerio Público. La Fiscal concluye que los hechos no son constitutivos de delitos y que no pueden considerarse debidamente acreditados. En este sentido, sostiene que «contaban con soporte normativo, y las correspondientes resoluciones se adoptaron a través de un procedimiento administrativo adecuado». También afirma que no queda acreditada la influencia del la relación sentimental con la actuación administrativa. Las actuaciones, según el decreto de archivo, se adoptaron en el «ámbito competencial propio, conforme a procedimiento legal, sin causación de resultado que pueda ser calificable como materialmente injusto alguno, ni la elección de los procedimientos de adjudicación, o la constitución de las distintas mesas de contratación se desviaran de los procedimientos legalmente establecidos». Asimismo, señala la «amplia capacidad y solvencia económica anterior de la empresa Imangener, como reflejan las cuentas anuales de la entidad desde los años 2014 a 2019, así como la multiplicidad de contrataciones de tal compañía con otras distintas administraciones públicas y no sólo con el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra». Así, la Fiscalía cierra el caso, aunque el concejal no adscrito podrá reiterar la denuncia ante los órganos judiciales.