Izquierda Alcalareña ha presentado varios recursos potestativos de reposición contra la aprobación definitiva de la nueva ordenanza reguladora de la tasa de recogida, transporte y tratamiento de residuos, aprobada por el Pleno municipal el pasado 30 de diciembre. La formación sostiene que las alegaciones presentadas fueron rechazadas de forma arbitraria y considera que el Ayuntamiento aplica una subida sin cumplir los compromisos técnicos y legales anunciados.

La ordenanza incorpora la denominada «tasa de residuos» vinculada al recibo del agua y contempla bonificaciones por reciclaje basadas en el principio europeo de «quien contamina paga». Sin embargo, desde Izquierda Alcalareña denuncian que, a día de hoy, ese sistema de bonificaciones es inexistente en la práctica.

Según la formación, no funciona la aplicación móvil prevista, no están operativos los contenedores inteligentes, no existen tarjetas ni lectores que permitan medir el reciclaje real por vivienda y no hay cobertura para toda la ciudadanía en el conjunto de la ciudad de cara a 2026.

De este modo, Izquierda Alcalareña advierte de que el Ayuntamiento comenzará a cobrar una tasa que se presenta como «justa y progresiva» sin disponer del sistema que permitiría aplicar las bonificaciones prometidas. A su juicio, esto convierte la ordenanza en un mero impuesto recaudatorio, basado principalmente en el consumo de agua y no en la generación real de residuos, lo que supondría un incumplimiento del espíritu de la Ley 7/2022 de residuos y economía circular y de la normativa europea, que obligan a avanzar hacia el pago por generación efectiva.

La formación también señala que el acuerdo del gobierno municipal ignora que en enero de 2026 el sistema no estará implantado, por lo que durante todo ese ejercicio los vecinos pagarán la tasa sin poder beneficiarse de los incentivos anunciados. En este sentido, califican la medida de desproporcionada, mal planificada y socialmente injusta.

Ante esta situación, Izquierda Alcalareña exige al Ayuntamiento la revisión de la ordenanza, la suspensión o adaptación de la tasa mientras no exista un sistema real de medición y el establecimiento de bonificaciones generales o alternativas que no perjudiquen a la ciudadanía.

«El problema es vender una tasa verde mientras se recauda sin ofrecer las herramientas necesarias para reciclar mejor. Primero se implanta el sistema y después se cobra, no al revés», señalan desde la formación.

Izquierda Alcalareña advierte, además, de que si el Ayuntamiento no ofrece una respuesta adecuada valorará la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra la ordenanza, por su falta de proporcionalidad, su deficiente implantación y su posible contradicción con la normativa estatal y europea, según trasladó su responsable económico.

«La gestión de los residuos no puede hacerse a costa del bolsillo de los vecinos sin soluciones reales. Alcalá merece planificación, transparencia y justicia fiscal, no improvisación», concluyó el portavoz en esta área, Rubén Ballesteros.