Sindicatos municipales se unieron el pasado viernes en una concentración en la Plaza del Duque, frente al Ayuntamiento, para reclamar soluciones urgentes a problemas que, según denuncian, afectan de forma directa al funcionamiento de los servicios públicos y a la estabilidad laboral y económica de «toda la plantilla».
En la protesta, secundada por el SAB, el Sppme-A y el SEM y a la que asistieron cerca de un centenar de afectados, quisieron mostrar su unidad para hacer ver al Ayuntamiento que van «todos en una misma línea». Así lo aseguró Juan Antonio Castellano, delegado del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España en Alcalá, quien espera que la concentración «sirva como inicio de unas negociaciones» ante la «falta de seriedad del Ayuntamiento».
También intervino Marco Alexis Portillo, delegado personal del Sindicato Andaluz de Bomberos de Alcalá, que reconoció que «están cansados de que no salga nada» de lo que proponen en las mesas de negociaciones. Por su parte, el delegado del Sindicato de Empleados Municipales, Francisco Merino, informó que habían solicitado una asamblea «de urgencias» debido a los retrasos acumulados en abonos y regularizaciones económicas. «Recibimos un comunicado de la delegada de Recursos Humanos, María Teresa García, en la que aseguraba que se iba a abonar todo junto a la nómina de noviembre y nos hemos llevado la sorpresa de que no se ha cobrado».
En este sentido, la delegada de Hacienda, Ángeles Ballesteros, ha desmentido al sindicato asegurando que sí se han ingresado los pagos pendientes por los servicios extraordinarios después de que en el pleno de octubre se aprobase la ampliación del crédito y haya pasado todos los trámites hasta hacerse efectivo. No obstante, sí quedan pendientes algunos pagos que afectan al personal laboral, ha admitido Ballesteros.
El SEM también ha reclamado la aprobación definitiva de la Valoración de Puestos de Trabajo, que llevan «negociando desde el año 2022». Igualmente, la Policía Local solicitó una reunión urgente con la alcaldesa con el objetivo de buscar una solución viable y consensuada para todas las partes, permitiendo la desconvocatoria de las acciones de protesta que el cuerpo policial está llevando a cabo y que están afectando directamente al normal desarrollo y la prestación de la seguridad en los eventos programados.