La Asociación Alwadi-ira Ecologistas en Acción y la Asociación de Vecinos Entre Haciendas, en respuesta a la resolución del Consejo Consultivo de Andalucía que «avala» la actuación del Ayuntamiento respecto a la apertura de un crematorio en el polígono El Palmetillo, aseguran que este organismo «no ha llevado a cabo una revisión exhaustiva del procedimiento administrativo de calificación ambiental». «Se basa únicamente en constatar que los informes sectoriales y resoluciones de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra son formalmente favorables, sin verificar si el expediente fue tramitado correctamente ni si se respetaron todas las garantías legales y ambientales», sostienen.
Ecologistas y vecinos reiteran que han detectado «múltiples irregularidades» y «omisiones en el expediente administrativo», que han sido expuestas en un Recurso Extraordinario de Revisión. Estas deficiencias, según los denunciantes, afectan directamente a los derechos de los vecinos de Sevilla y Alcalá de Guadaíra y vulneran los principios de legalidad, transparencia y participación ciudadana. Además, «consideramos que se han vulnerado los principios de precaución y protección de la salud pública».
En este sentido, advierten «con preocupación» que «el Ayuntamiento de Alcalá utiliza el informe del Consejo Consultivo como argumento para anunciar la desestimación del recurso, sin entrar a valorar el contenido técnico y jurídico de las alegaciones presentadas». Así, lamentan que «esto constituye una desprotección manifiesta para los residentes de las zonas colindantes del término municipal de Sevilla, de los trabajadores y miles de clientes y trabajadores del Polígono Industrial El Palmetillo y de las empresas situadas en el término municipal de Alcalá, que serán igualmente afectados por las emisiones y el impacto del crematorio».
Los ecologistas y la asociación vecinal recuerda que «el Consejo Consultivo no es un órgano decisorio, sino consultivo, y que la responsabilidad última recae sobre la Administración que concede la calificación ambiental, en este caso el Ayuntamiento de Alcalá» que «debe velar por la legalidad completa del procedimiento y no únicamente por la existencia formal de informes favorables».
Exigen que «el Ayuntamiento de Alcalá se abstenga de tomar una decisión definitiva sin haber valorado en profundidad las graves irregularidades que hemos documentado» porque, sostienen, «de no hacerlo, se estaría vulnerando el derecho de los ciudadanos a la buena administración».