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La desidia del gobierno municipal es palpable en su gestión y así lo denuncian sindicatos y entidades de la sociedad civil alcalareña. En los últimos días, el Sindicato de Empleados Municipales, el más representativo en el Consistorio, ha demandado al Ayuntamiento porque el gobierno de PSOE y Ciudadanos lleva desde 2019 sin entregar EPI y ropa de trabajo adecuada a la plantilla municipal.

En su acción protesta mostraron calzado con la suelas resquebrajadas, como ejemplo de las condiciones laborales en las que desempeñan sus funciones. El sindicato Sppme-A, el mayoritario en la policía Local, aprovechó para denunciar que los nuevos agentes están vistiendo con ropa prestada de otros compañeros y que la unidad de motoristas de la Policía Local lleva dos años esperando a que se le entregue las chaquetas y la ropa reglamentaria. Un despropósito en un Ayuntamiento con mucha solvencia económica pero no política. Hay que destacar que, por fin, va a tener un Servicio de Prevención Propio. Eso sí, dos años tarde, tras los requerimientos de la Inspección de Trabajo y con el rechazo total de los sindicatos y de los delegados de prevención por ser ambiguo.

Posiblemente, esta circunstancia no afecte al ciudadano de a pie, pero sí a más de 500 trabajadores municipales. Es evidente que el gobierno municipal de PSOE y Ciudadanos, con Ana Isabel Jiménez en la Alcaldía, no tiene entre sus prioridades el cumplimiento de la normativa laboral. Tampoco es prioritario el consenso para sacar adelante las medidas. La mayoría absoluta y control férreo de la institución posibilita a Jiménez y su equipo de gobierno hacer y deshacer a su antojo.

«El gobierno de PSOE y Ciudadanos lleva desde 2019 sin entregar EPI a la plantilla municipal. Un despropósito en un Ayuntamiento con mucha solvencia económica pero no política»

Por otra parte, la sociedad civil le recuerda a este gobierno los deberes que tiene sin hacer desde hace años. Los ecologistas le reclaman que acabe, de una vez por todas, la limpieza del Campin Oromana. Ellos hace un año en colaboración con Los Alcores limpiaron todo lo posible el terreno, pero había residuos para los que era necesario maquinaria. Esta petición se cursó por escrito y, un año después, todavía están a la espera. No obstante, es justo decir, que la Delegación de Transición Ecológica está actuando en otras zonas de Alcalá como Los Cercadillos y el entorno del Complejo San Francisco de Paula. El Campin Oromana sigue a la cola.

También sigue a la espera de que se le dé solución un vecino con movilidad reducida de Rabesa. Solo pide que se le pinte en el portal de su vivienda un aparcamiento reservado, sin barreras arquitectónicas. Lleva dos años solicitándolo y la única respuesta que hasta el momento se le ha dado es un aparcamiento a 75 metros de su casa, rodeado de impedimentos para subir a la acera, por lo que tiene que hacer el recorrido en su silla motorizada por la calzada, compartiendo espacio con los vehículos.

Otro despropósito de un gobierno al que se le llena la boca hablando de ayudas y es incapaz de resolver los problemas reales del día a día. Es evidente que la desidia con la que gobierna Ana Isabel Jiménez está pasando factura a Alcalá, y son pocos los delegados de su gobierno los que sacan la cabeza de esta situación. Viven en la realidad paralela de la Alcaldía y de espaldas a Alcalá.

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