En la Ley de Memoria Democrática (2022) no figura ninguna alusión expresa al exterminio sufrido por el clero en la zona republicana durante la Guerra Civil, pese a ser uno de los casos más claros de genocidio acaecido en la Europa contemporánea. Los al menos 6832 eclesiásticos muertos y un número indeterminado de seglares que fueron asesinados por los anarquistas o los partidarios del Frente Popular como castigo por pertenecer a una asociación católica, asistir a misas clandestinas o esconder a algún religioso se incluyen en el ambiguo y oscurecedor concepto de «víctimas de la guerra», pese a no haber fallecido en el frente sino en una checa o en alguna cuneta de la retaguardia republicana.
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