La Audiencia de Sevilla ha condenado a un vecino de Alcalá de Guadaíra a siete años de cárcel por un delito de abuso sexual a su hijo, según un sentencia recogida por ABC de Sevilla. La víctima tenía cinco años y los abusos, según la sentencia, se produjeron hasta los nueve.
Esta es la segunda condena que se le impone a este vecino por hecho similares. En 2013, la Audiencia de Sevilla lo condenó a trece años por una agresión sexual al hijo de su mujer. El Supremo rebajó la pena a ocho años.
En 2001 la madre de la primera víctima se separó del acusado. Con ella tuvo otro hijo que posteriormente también fue víctima de abusos sexuales, según el Juzgado. «Aprovechando la circunstancia de estar a solas con su hijo en el baño o en el dormitorio del padre, le bajaba los pantalones o le enjabonaba y en ambos casos le tocaba los genitales y el trasero de forma reiterada», según la sentencia. Estos hecho provocaron en el menor estadios depresivos de ansiedad de incidencia grave, ocasionándole graves secuelas.
Actualmente, el condenado cumple la primera condena en prisión. Iba a salir de la cárcel este año.
Prueba de la verdad contra la condena por abusos sexuales
La Asociación de Apoyo a la Defensa de Antonio M.B. pide al Ministerio de Justicia y al Consejo Superior del Poder Judicial que admita como prueba de defensa una o varias de las nuevas tecnologías de Verificación Computacional de la Verdad (VCV) conocida como «prueba de la verdad».
Actualmente, Antonio Muñoz Bernaza, de 62 años, cumple ocho años de condena por un delito de abuso sexual sobre su hijastro ocurrido hace 11 años. Los miembros de la asociación, entre los que se encuentran su hermano y su pareja, están convencidos de la «inocencia» de Antonio, que ingresó en prisión en 2014. Según la asociación Antonio recibió «una defensa jurídica mal orientada». Desde su ingreso no ha accedido a beneficios penitenciarios porque «para acceder a ellos se le solicita que se reconozca culpable, a lo que él se niega», sostiene la asociación.
Según la asociación, «a día de hoy, las nuevas tecnologías VCV son ya una realidad y ofrecen cuotas de fiabilidad considerables». Por este motivo, se ha iniciado una recogida de firmas para solicitar al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial que estudien y dictaminen «la necesidad, la oportunidad y la conveniencia de admitir los nuevos sistemas VCV como prueba de defensa».