El Ayuntamiento de Alcalá ha sido condenado por vulneración de derechos fundamentales de los voluntarios del ingreso mínimo vital. La sentencia, que ya adelantó La Voz de Alcalá, recoge que «el Ayuntamiento ha vulnerado el derecho fundamental de petición que ampara a los recurrentes establecido en el artículo 29.1 de la Constitución Española»
Adelante, tras conocer la sentencia, exige que «se tomen medidas contra estas actuaciones, que tengan consecuencias políticas tanto en los responsables políticos como en los asesores que realizan estas acciones». «Es una nueva prueba del déficit democrático que venimos padeciendo en Alcalá y que también se puede comprobar día a día en nuestro estado y que hay que luchar para revertir esta situación», afirman.
Este colectivo solicito acogiéndose al Derecho Constitucional de Petición y tras conocer algunos casos donde algunos beneficiarios del IMV al recibir el importe del mismo tuvieron sus cuentas embargadas por anteriores deudas con el Ayuntamiento, así como tal y como denuncia este colectivo « lo estaban haciendo violando la ley que impide que se embarguen los ingresos mayores que el Salario Mínimo Interprofesional (Artículo 607 de la Ley 1/2000 de Enjuciamiento Civil».
Tras esto, el colectivo trasladó al equipo de gobierno municipal, acogiéndose al Derecho Constitucional de Petición una serie de peticiones a finales del año 2020. Pedían que se dejasen de embargar las cuentas de las familias a las que les habían dado el IMV, y que el gobierno municipal exonerasen a esas personas las deudas contraídas. «De nuevo, el gobierno se negó, a pesar del superávit del Ayuntamiento y las costosas subvenciones que conceden por asuntos nada urgentes ni humanitarios», denuncian.
También pedían que «hiciesen más justas y progresivas la Ordenanzas Fiscales según el artículo 31 de la Constitución que fija que los impuestos deben ser Progresivos» y que «los Servicios Sociales incorporasen el IMV entre sus herramientas de intervención para atender a las familias desfavorecidas»
Adelante recuerda que ya solicitó ante la inminente puesta en marcha del IMV «la necesidad de que desde Asuntos Sociales se habilitará una oficina, se destinará personal para ayudar a las familias solicitar el Ingreso Mínimo Vital, así como un refuerzo en la OAC para agilizar los trámites necesarios para la expedición de documentos que se necesitan para esta ayuda». Insisten en que esta petición se ha repetido en varias ocasiones sin resultado alguno.