El PP lleva al juzgado el presunto contrato irregular de Servicios Urbanos. La portavoz en el Ayuntamiento de Alcalá, Sandra González, ha anunciado que «ya está en el juzgado toda la documentación referente al caso OrugaGate», para que sean los tribunales los que depuren responsabilidades en este nuevo presunto caso de corrupción del Gobierno de Jiménez, «ante el total oscurantismo de ésta en este asunto”.
Se trataría de la presunta adjudicación irregular del contrato menor de servicio de actuaciones de lucha y control del Tomicus Destruens, conocido como barrenillo, en el pinar de Oromana, por un importe de 16.769,63 euros. Según consta en la memoria justificativa de la Gerencia Municipal de Servicios Urbanos, que preside el propio Montero, de las tres empresas a las que se ha solicitado ofertas, «una se dedica a temas inmobiliarios y la segunda está en liquidación desde hace varios años, con lo que no puede concurrir a este tipo de convocatorias públicas«. La tercera de estas empresas, Avanza Desarrollo Sostenible ha sido finalmente la adjudicataria del servicio.
El PSOE defendió ayer la legalidad del contrato y la limpieza del proceso administrativo para actuar en el tratamiento del Pinar de Oromana. Al respecto explica que «los procesos de contratación constan, entre otros documentos, de una memoria, redactada por un técnico en la materia, en la que se detallan las especificaciones del trabajo a realizar y que permiten que, en función de las características requeridas, sean seleccionadas. Además, las empresas que intervienen tiene por ley que presentar una declaración responsable en las que asumen su participación, obligándose con ella a la legalidad del procedimiento que, finalmente, es validado por un jurista».
El PP lleva juzgado el contrato de Servicios Urbanos
El PP pide que, en el supuesto de que se demuestre la implicación de Montero en este nuevo presunto caso de corrupción, «presente la dimisión inmediata y se marche, sin menoscabo de las acciones penales que pudiesen caer sobre él», ha sentenciado González.
El PP estudia medidas legales por presuntos «enchufes de familiares directos»
Los servicios jurídicos del PP ya tienen toda la documentación referente a los presuntos «enchufes» de varios familiares directos de diferentes delegados socialistas del equipo de Gobierno del PSOE, entre ellos, del citado delegado de Servicios Urbanos, José Antonio Montero, en empresas que prestan diferentes servicios al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
Los abogados del PP se encuentran estudiando las posibles acciones legales a emprender por «una práctica completamente irregular», de manera que en los próximos días se podrían conocer las mismas.