La secretaria general del PSOE de Sevilla y parlamentaria, Verónica Pérez, registra junto a la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, varias iniciativas para conocer «qué intereses ocultos tiene la Junta para torpedear las decisiones municipales» sobre el juego

La secretaria general del PSOE de Sevilla y parlamentaria autonómica, Verónica Pérez, ha considerado «incomprensible» el hecho de que el Gobierno andaluz esté «obstaculizando» que los Ayuntamientos puedan limitar la ubicación y proliferación de las casas de apuestas en sus municipios, tal y como ha hecho el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en una «decisión valiente que sorprendentemente ha encontrado el rechazo y la oposición de la Junta de Andalucía».

Verónica Pérez se ha reunido este lunes en el Parlamento con la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, y parte de su equipo de Gobierno para tratar este asunto y ambas han registrado en la Cámara sendas iniciativas parlamentarias «para conocer qué argumentos tiene el Ejecutivo andaluz para torpedear la decisión que ha tomado el Ayuntamiento de Alcalá y otros municipios en defensa de los intereses de sus vecinos y vecinas». «Si el Gobierno andaluz tiene intereses desconocidos, que nos lo expliquen. De momento se han posicionado al lado del lobby empresarial del juego y no de la gente en un tema tan sensible como es la adicción al juego», ha manifestado la dirigente provincial socialista.

Verónica Pérez ha puesto en valor que el Ayuntamiento de Alcalá, «con su alcaldesa al frente, haya sido el primero en modificar su PGOU en noviembre de 2019 para limitar las casas de apuestas en la localidad» y ha pedido a Moreno Bonilla «que se coloque del lado de los ciudadanos y no de los negocios en torno al juego». La secretaria general del partido en Sevilla ha hecho hincapié en que las y los socialistas «creemos en el municipalismo y en la autonomía local» y ha considerado una «clara injerencia» de la Junta el requerimiento a Alcalá de Guadaíra sobre su planeamiento municipal. «Desgraciadamente no nos sorprende porque el  Gobierno andaluz desprecia a los alcaldes y alcaldesas que, además,  están realizando un trabajo inmenso en unas condiciones muy adversas».

Por su parte, la alcaldesa socialista ha insistido en rechazar la «injerencia de la Junta a una competencia municipal como es la modificación del PGOU, en un tema tan sensible como la adicción al juego, que es una desgracia para muchas familias».

La regidora socialista ha pedido al Gobierno andaluz «que recapacite sobre esta decisión tan lamentable y que dedique más recursos al plan andaluz contra la drogadicción en vez de bonificar con más de un 50% las tasas fiscales sobre los juegos de azar».

La Junta pide al Ayuntamiento que derogue las limitaciones para implantar casas de apuestas

Hay que recordar que la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, dependiente de la Consejería de Hacienda, ha solicitado que derogue las limitaciones aprobadas contras las casas de apuestas y salones de juegos.

En un escrito remitido al Ayuntamiento de Alcalá el pasado 26 de enero de este año, esta dirección general ha pedido al gobierno de Ana Isabel Jiménez la derogación de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística aprobado definitivamente en el Pleno para limitar las implantación de casas de apuestas y salones de juego en el caso urbano. El gobierno, tras la aprobación en el Pleno con el voto de todos los grupos, aseguró que la medida entraría en vigor con la aprobación definitiva tras la validación de la Junta de Andalucía.

Sin embargo, la administración autonómica ha pedido su derogación argumentando que el Ayuntamiento, con esta regulación, invade sus competencias en materia de juego y apuestas. Entiende así la Junta que un Ayuntamiento no puede regular la localización de este tipo de establecimientos dentro del casco urbano. Hay que recordar que la normativa municipal aprobada en el Pleno prohíbe la instalación de casas de apuestas a una distancia menor de 500 metros de cualquier suelo destinado a equipamiento escolar, deportivo o sociocultural como bibliotecas, Casa de la Cultura, distritos o centros cívicos, entre otros. En la práctica, la medida impide la implantación de este tipo de establecimientos en las zonas residenciales de la localidad. De esta manera, los establecimientos de juegos quedarían limitados en su ubicación a las zonas industriales o comerciales.

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