La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Sandra González, ha mostrado su más absoluto rechazo a la reforma educativa, la conocida como ‘Ley Celáa’, impulsada desde el Gobierno de PSOE y Podemos, y “sin consenso alguno, como es habitual en el Gobierno de España desde que Sánchez es presidente”.

La popular ha lamentado, además, que “por primera vez en la historia de nuestra democracia, no se ha contado con la comunidad educativa en la tramitación de la nueva ley que les afectará”, y con la que PSOE y Podemos “pretenden imponer un modelo único, estatal y laico de educación que supondrá la muerte de la pluralidad educativa actual”. Como ha subrayado González, la Ley Celáa se inventa un derecho a la “educación pública”, cuando “el derecho reconocido en la Constitución Española es el derecho a la educación” y, para más ‘inri’, “la enfrenta al modelo de educación concertada, un modelo que está ampliamente implantado en toda Europa y que ha demostrado con creces desde hace décadas su importancia dentro de nuestro sistema educativo”. En la provincia de Sevilla existen más de 90 centros de educación concertada, que dan formación a diario a unos de 85.000 alumnos.

Alcalá de Guadaíra cuenta desde hace décadas con uno de estos centros de educación concertada, el Colegio de Los Salesianos. La portavoz popular ha querido enviar “todo el apoyo del PP a la comunidad educativa que forma parte de Los Salesianos de Alcalá, padres y madres, alumnos y profesores, como parte fundamental e indispensable de nuestra localidad” y a quienes ha asegurado que “haremos todo lo que esté en nuestras manos para evitar este intento de atropello a la concertada por parte del Gobierno de PSOE y Podemos”.

Según el PP, «esta nueva Ley que pretende imponer el Ejecutivo de Sánchez devalúa, además, la enseñanza de la asignatura de la religión, al tiempo que pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial, algo que desde el PP no estamos dispuestos a permitir». Sin embargo, “todavía estamos a tiempo de parar esta auténtica locura de ley y evitar, como pretende el Gobierno de Sánchez, que sea el Estado quien decida por nosotros, padres y madres, sobre el tipo de educación que han de recibir nuestros hijos”, ha señalado González.

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