El gobierno municipal había anunciado su intención de prestar seis millones.
El Ministerio de Hacienda va a aprobar un nuevo decreto que permitirá al Ayuntamiento suspender la regla de gasto en 2020 para utilizar el superávit. En el caso de Alcalá son algo más de seis millones de euros. Esta medida, ha sido anunciada por el ministerio de María Jesús Montero después de que el Congreso de los Diputados tumbase el pasado 10 de septiembre la convalidación del decreto por el que el Ayuntamiento de Alcalá iba a ceder el superávit al Estado.
De esta manera, el Ayuntamiento de Alcalá podrá destinar su superávit a proyectos en vigor que no creen nuevas estructuras de gasto. Esto quiere decir que sean financieramente sostenible, como los que ya autorizó el Hacienda para gastos de emergencia frente al COVID-19 y la compra de vehículos municipales.
El delegado de Hacienda, Jesús Mora, ha celebrado esta medida: «el Gobierno de España demuestra su compromiso municipalista y apoya a los Ayuntamientos para atender los efectos sociales del Covid-19 y ser palanca de la recuperación económica». Sin embargo, hay que recordar hasta el rechazo en el Congreso del Decreto, Alcalá estaba dispuesta a aportar de forma voluntaria al Estado el 100% del remanente disponible. Así lo confirmó el portavoz del gobierno alcalareño, Jesús Mora, a La Voz de Alcalá: «se podría llegar hasta el 100% si los Ayuntamientos de otros colores no se adhieren», pero «vamos a esperar a que se convalide el decreto en el Congreso». Finalmente, la convalidación no ha salido adelante, por lo que, de momento, el superávit se queda en Alcalá.
Los grupos de la oposición, excepto Adelante Alcalá, habían mostrado su rechazo a este decreto y han defendido que el superávit del Ayuntamiento debía invertirse en Alcalá. Cabe recordar que en el pleno municipal de mayo, el Grupo Popular y Andalucía Por Sí, presentaron dos mociones similares defendiendo esta postura. De hecho, el Grupo Socialista llegó a vota a favor para semanas más tarde cambiar de postura y poner el superávit a disposición del Estado contradiciéndose a sí mismo.