La delegada de Empleo, Rocío Bastida, ha ordenado la devolución de 2,8 millones de euros correspondientes a las 344 contrataciones no realizadas con cargo a los planes de empleos de la Junta de Andalucía. Esta devolución voluntaria a la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo se debe a la imposibilidad del Ayuntamiento de asumir el coste adicional para realizar los contratos pendientes de los planes de empleo aplicando el convenio colectivo. No obstante, el Ayuntamiento, antes de las elecciones municipales, ejecutó 125 contratos con una aportación municipal adicional de 1,5 millones de euros.
La subvención que tenía concedida el Ayuntamiento era de cuatro millones para realizar 489 contrataciones. Sin embargo, el Tribunal Supremo sentenció recientemente que se debía aplicar el convenio colectivo con las mismas características que al resto de laborales del Ayuntamiento, por lo que las contrataciones necesitarían la cofinanciación municipal. Tras un análisis económico financiero elaborado por los técnicos municipales, se arroja un coste de cofinanciación para el Ayuntamiento en caso de ejecutar las 489 contrataciones de más de cinco millones de euros. Asumir este coste supondría «el quebranto financiero», se explica en una resolución firmada por Bastida. El Ayuntamiento ha estudiado en los últimos meses solicitar una prórroga de ejecución, que finalmente ha sido descartada «puesto que el fondo de la cuestión es financiero» y «resulta inviable» el coste financiero de las 344 contrataciones pendientes según los costes salariales vigentes en el convenio colectivo del Ayuntamiento. .
Cabe recordar, que el pasado mes de diciembre la Sala de lo Social del Tribunal Supremo unificó la doctrina respecto a las retribuciones de los trabajadores contratados con cargo a los planes de empleo de la Junta de Andalucía. En un fallo del 7 de noviembre, el alto Tribunal confirmó una sentencia que obliga al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra a pagar la diferencia salarial. Hasta entonces, el Supremo había inadmitido todos los recursos de casación presentados por el Ayuntamiento contra las sentencias favorables a los intereses de los trabajadores. Como consecuencia, el Ayuntamiento ha tenido que ir pagando las condenas, además de asumir los costes procesales.