Los departamentos de Urbanismo e Inspección han iniciado en lo que va de 2019 un total de 52 expedientes de protección de la legalidad urbanística en su término municipal, tanto en suelo urbano como en suelo no urbanizable.
El ejecutivo alerta a la población de la necesidad del cumplimiento de las normas urbanísticas, puesto que en determinados casos, como construcciones en suelo no urbanizable, estas acciones están tipificadas como delito contra la ordenación del territorio, estando obligado el Ayuntamiento a poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, iniciándose diligencias penales y pudiéndose dictar penas de cárcel.
Los expedientes de protección de la legalidad urbanística se inician cuando se produce una obra sin licencia. En el caso del suelo urbano, el procedimiento se detecta mayoritariamente por la Inspección técnica municipal, aunque también tiene gran peso la denuncia ciudadana. Sin embargo, en suelo no urbanizable el 90% de las denuncias provienen de la propia Inspección municipal y del Seprona (Guardia Civil).
La gravedad de los expedientes en suelo no urbanizable donde las actuaciones no sean autorizables ni legalizadas, puede llegar, si no se acatan las órdenes judiciales de demolición, a penas de prisión.