La concejala socialista Pilar Benítez Díaz ha presentado su dimisión esta misma mañana en el registro del Ayuntamiento. Con esta, sería la sexta en lo que va de mandato en las filas socialistas.
La edil socialista y delegada de vivienda del Ayuntamiento de Alcalá, Pilar Benítez, ha dimitido después de que conociese ayer que la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, y el gerente de Servicios Urbanos, José Manuel Rodríguez, hayan puesto una demanda en el Juzgado a varios militantes de la agrupación del PSOE local, entre los que se encontraba “un familiar muy directo”, por motivos “políticos”.
La ya exconcejala asegura que no le habían comunicado previamente la situación, “ni siquiera para intentar mediar en tan desagradable situación”.
Pilar Benitez, tras conocer los hechos, intentó contactar con la alcaldesa que “ni le cogió el teléfono ni le devolvió la llamada”. Estas circunstancias, afirma Benítez, “planean un conflicto de intereses que no puedo ignorar, puesto que me coloca en una posición realmente delicada e incómoda”, obligándola a dimitir.
La guerra en el seno de la agrupación continúa abierta y el siguiente en la lista socialista es David Hildalgo Gámez, que se ha mostrado abiertamente contrario a la posición de Ana Isabel Jiménez. La dimisión se produce en plena campaña electoral andaluza y a seis meses de las elecciones municipales.
Pilar Benítez tomó posesión de su acta de concejal en junio de 2016, manteniéndola hasta ahora, tras la dimisión del exalcalde Antonio Gutiérrez Limones. En el anterior mandato, de 2013 a 2015, fue concejal y estuvo al frente de la Delegación de Comercio y Distrito Sur.
“Injurias y calumnias”
El Grupo Municipal Socialista ha aclarado, respecto al motivo de la renuncia de la concejal Pilar Benítez, que “tanto la alcaldesa como el gerente de Servicios Urbanos han ejercitado su derecho a la tutela judicial efectiva frente a unos posibles delitos de injurias en defensa de su derecho al honor y la honestidad”. En este sentido, entienden que “atacar en los medios de comunicación y las redes sociales no puede quedar impune en un Estado de Derecho y que todas las personas tienen la legitimidad para defender sus derechos fundamentales”.
El Grupo Socialista recuerda que, “el pasado 25 de abril ambos anunciaron que adoptarían medidas legales ante todas las injurias y falsas acusaciones vertidas contra ellos. En definitiva, se pretende defender que el ejercicio de un cargo público no puede ser objeto de un permanente ataque personal en redes sociales y medios de comunicación”. Estas circunstancias se dieron tras el archivo de la causa contra Antonio Gutiérrez Limones en el Tribunal Supremo. Ambos advirtieron que las denuncias se dirigirían contra «todas las personas que mienten acerca de los hechos que constan en el sumario de este caso»; y, como justificación, se respaldaban en que ni en las declaraciones ante la Guardia Civil ni ante el juez de instrucción se constataron «fehacientemente» sus nombres como responsables de la grabación filtrada. Desde la ejecutiva de la agrupación municipal del PSOE, consideraron en aquel momento que “los autodenominados militantes críticos solo buscaban debilitar al partido”.