Este jueves se ha debatido y votado en el Parlamento de Andalucía un decreto ley que modifica 26 leyes, seis decretos, elimina 100 trabas burocráticas para agilizar el mercado laboral andaluz y anula permisos que hasta ahora eran obligatorios, entre ellos algunos que limitaban la voracidad urbanística y protegían el medio ambiente.
PP y Ciudadanos y Vox han votado a favor, mientras que PSOE y Adelante Andalucía han votado en contra y han anunciado que presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, junto a 21 organizaciones, sindicatos, colectivos, colegios profesionales y entidades sociales.
El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, ha anunciado que el PSOE recurrirá ante el Tribunal Constitucional la aprobación hoy en el Parlamento del decreto de simplificación “por la puerta de atrás, sin participación de los sectores a los que afecta la regulación, obviando la transparencia e incluso los informes jurídicos y técnicos habituales”. Una norma que modifica 21 leyes y 6 decretos no puede convalidarse en la Diputación Permanente, porque “no cumple los mínimos parámetros legales”, ha afirmado.
Jiménez Barrios ha advertido que llevan a Andalucía a “una grave inseguridad jurídica” y denuncia que se trata de “un atentado a la calidad democrática y una falta de respeto sin precedentes a este Parlamento”, y explica en parte por qué el Ejecutivo se niega a presentar un plan normativo, “porque prefieren hacerlo por la puerta de atrás”. “Si el Parlamento convalida este Decreto Ley estará cediendo al Gobierno la potestad legislativa sin ninguna limitación ni control”, ha dicho.
Por su parte, Teresa Rodríguez, ha calificado este decreto como un “escándalo” y afirma que ha sido aprobado “por la puerta de atrás” aprovechando la crisis sanitaria del coronavirus.
Justo después de la votación de la convalidación se ha votado la propuesta de PSOE y Adelante para que la norma se tramitase como proyecto de ley con carácter de urgencia, pero PP, Ciudadanos y Vox, han rechazado esta vía, “porque supondría retrasar su convalidación como mínimo ocho meses, y las pequeñas empresas andaluzas no pueden esperar”, ha declarado la diputada y secretaria general del PP andaluz, Dolores López.
Este Decreto Ley aligera el aparato legal de la Junta, se reducen tasas, se liberalizan los horarios comerciales, se eliminan permisos que ahora son obligatorios… Todo ello con el objetivo de desenredar la maraña burocrática de la Administración “para ganar en competitividad” y atraer más inversiones. “Son reformas que hemos hecho de la mano del sector privado”, ha subrayado el consejero de Hacienda, Juan Bravo.
La piedra angular del decreto ley está en el departamento de Medio Ambiente, con la reforma parcial de dos leyes: Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA).