En las últimas semanas una parte del gobierno local ha mostrado comportamientos que contravienen algunos principios democráticos que en España hace tiempo que se asumieron con normalidad, como la libertad de expresión. Estos ataques no han sido dirigidos solo a la prensa libre y crítica, como ya ha denunciado La Voz de Alcalá, sino que los ciudadanos también han sido objeto de censuras y amenazas.Sin ir más lejos, en el primer pleno telemático de la historia de Alcalá, el ordinario del mes de abril, el gobierno eliminó de las redes sociales del Ayuntamiento comentarios críticos de vecinos de Alcalá en la retransmisión en directo. De esta manera, se cercenó la libertad de expresión de algunos de los participantes que seguían la sesión a través de las redes. Hay que recordar, que meses atrás, el gobierno amagó con restringir el acceso a las sesiones plenarias para evitar protestas contra su gestión en el Salón de Plenos.
Lejos de quedar en mera anécdota, los ataques a las libertades parecen una pauta a seguir por el gobierno de Ana Isabel Jiménez. En un escrito remitido a un activista local para que retirase el número telefónico corporativo de la delegada de Servicios Sociales que este había publicado, el gobierno le «advirtió» y «requirió» expresamente que se abstuviera de realizar cualquier publicación en redes sociales o medios de comunicación que pudiera dañar la consideración pública del Ayuntamiento y de la delegada.
Esta parte del gobierno que aspira a ser progresista no se puede permitir, y menos promover, ataques a la libertad de expresión. Un gobierno que aspira a ser progresista debe tolerar las críticas y mejorar su capacidad para digerirlas. La crítica promueve la reflexión y persigue una mejora de la gestión pública. Un cargo público de verdad debe aceptar, asumir y reflexionar con las críticas que recibe de la ciudadanía, de la prensa, y de su propia organización política. Cuando la crítica solo se intenta silenciar, eliminar o impedir, la democracia da paso a la dictadura.
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