El Ayuntamiento de Alcalá ha interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula la modificación puntal de PGOU que impedía a la cementera incinerar a menos de dos kilómetros del casco urbano, según ha adelantado Diario de Sevilla. La sociedad ecologista Alwadi-ira ya había interpuesto un recurso en este mismo sentido.

El acuerdo fue declarado nulo por el Alto Tribunal andaluz al entender que la modificación «persigue exclusivamente impedir que Portland Valderrivas incorpore nuevos combustibles alternativos al horno de clínker en su planta de producción de cemento de Alcalá». La sentencia, además, recoge que se «debió contraponer un estudio científico» y que «no cabe modificar la norma de planeamiento con base en un temor no justificado o un riesgo sin fundamento científico o técnico».

La sentencia del TSJA, aunque es favorable a los intereses de la Portland, reconoce la competencia del Ayuntamiento para realizar modificaciones del PGOU para evitar la incineración de residuos en la cementera. No obstante, recoge que el informe aportado por el Ayuntamiento en la modificación es «insuficiente» y sugiere una memoria que de más peso a los argumentos para modificar el PGOU. En este sentido, los ecologistas solicitaron que se hagan «estudios técnicos en la zona que determinen muy bien qué contaminantes se emiten, sobre todo en el triángulo que forman la cementera, la siderúrgica y BSN». De esta manera, consideran que tendrán suficiente información para plantear una nueva modificación puntual que determine y regule la incineración de residuos en Alcalá.

Cs votó en contra antes de gobernar

Si los recursos ante el Supremo no prosperan, el Ayuntamiento tiene la posibilidad de iniciar de nuevo los trámites para volver a modificar el PGOU con el mismo fin. De hecho, el anterior equipo de gobierno socialista transmitió, aunque no de forma oficial, que esa era su intención llegado el caso. Sin embargo, ahora la circunstancias han cambiado, puesto que ha entrado en el gobierno Ciudadanos, una fuerza política que apoya rotundamente la «valorización» de residuos.

Así, en el pleno de octubre de 2016 en el que se aprobó la modificación puntual, la portavoz de Ciudadanos, Rosa Carro, afirmó que «se le estaba coartando la libertad a una empresa de desarrollar su actividad». En defensa de la «valorización» preguntó: ¿Alguien va poner en duda que los trabajadores prefieren salud a un trabajo que los mate de cáncer». La actual teniente de alcaldesa insistió en que «si estos combustibles fueran peor que los que usan en la actualidad, ellos mismos se negarían a utilizarlos» y puso como ejemplo a países «muchos más adelantados», como Alemania, Suiza o Mónaco, que «ni siquiera contemplan la idea de tener vertederos» y «lo único que se plantean es tener este tipo de soluciones para los residuos». En este sentido, abundó que «en estos países las plantas de valorizacón de residuos están en pleno casco urbano» y «hay estudios que dicen que no es nocivo para la salud».

Asimismo, sostuvo que «es la mejor alternativa para parte de nuestra basura en la actualidad» y que «con la valorización se terminaría con el problema de los vertederos y se apostaría por la industria». «Valorizar residuos no peligrosos no es igual a muerte y cáncer», sentenció.

No obstante, las competencias de Urbanismo y de Medio Ambiente las tiene el PSOE, aunque el asunto podría generar fricciones en el gobierno llegados a ese punto.

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